Los recientes anuncios formulados en cadena nacional por el presidente Javier Milei —que incluyen el impulso a sanciones contra corporaciones petroleras que operen sin autorización argentina en el archipiélago y la emisión de un decreto para ampliar el financiamiento de una base naval en Tierra del Fuego— reabrieron el debate sobre la efectividad de la política exterior argentina en el Atlántico Sur. Frente a la inminente consolidación del proyecto de extracción hidrocarburífera Sea Lion, impulsado por firmas británicas e israelíes, el exsecretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur de la Nación, Guillermo Carmona, trazó un duro diagnóstico de la gestión nacional. En diálogo con FM Vos (94.5), el exfuncionario denunció un incumplimiento sistemático de las leyes vigentes durante los primeros 33 meses de mandato, cuestionó el paralelismo político y geopolítico de apelar a causas sensibles para distraer de la crisis socioeconómica, rechazó la injerencia de potencias extranjeras en la logística antártica y exigió medidas de fondo como acciones penales concretas, la anulación de acuerdos bilaterales y el bloqueo de inversiones estratégicas a empresas trasnacionales.
Reacción tardía, incumplimiento de la legislación y el «modo Galtieri»
Para el exsecretario de Malvinas, los anuncios oficiales no constituyen una novedad estratégica, sino el cumplimiento extemporáneo de obligaciones legales vigentes desde hace más de una década, a las que la administración nacional habría omitido dar curso desde el inicio de su gestión. «Nuestras advertencias sobre el avance del proyecto petrolero británico no son recientes, sino que las venimos realizando desde el primer día de la gestión de Milei, ante la evidente inacción oficial. Desde el inicio del mandato observamos provocaciones del Reino Unido que el gobierno nacional dejó pasar, permitiendo que la explotación hidrocarburífera avanzara sin que se tomaran las medidas legales correspondientes», señaló el exsecretario Guillermo Carmona al inicio de la nota.
«Se generó una enorme expectativa en torno a la cadena nacional, alentada por trascendidos y dichos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. La verdad es que el discurso se acotó a decir que van a hacer lo que tendrían que haber hecho desde el primer día: adoptar decretos y mandar un proyecto de ley al Congreso sobre algo que ya está dispuesto por ley y que exige actuar frente a lo que ocurre en Malvinas», consideró.
«Aunque llega casi tres años tarde, es importante que reaccionen. Sin embargo, esta reacción tan tardía no evita que se pongan en evidencia los incumplimientos del presidente y sus funcionarios, los cuales son muy graves. Las leyes 26.659 y 26.915 obligan desde 2010 y 2013 respectivamente a hacer lo que este gobierno dejó de hacer y recién decide ejecutar 33 meses después de asumir. Este cambio de posición no libera a los funcionarios de las responsabilidades penales derivadas del incumplimiento de la ley», advirtió.
«Esto tiene más que ver con la crítica situación económico, social y política que estamos viviendo en la Argentina, y con la necesidad del Gobierno de poner la atención en un tema muy caro al sentimiento nacional en un momento en que la cuestión Malvinas está alta en la agenda. Hay un paralelismo muy claro entre lo que pasó en 1982 y lo que pasa ahora: sin ser una dictadura, el gobierno apela a un «modo Galtieri», buscando un tema que genere apoyo popular o desvíe la atención pública de las dificultades económicas diarias», opinó.
«El segundo paralelismo radica en poner expectativas en que Estados Unidos vaya a apoyar a la Argentina por encima de Gran Bretaña. Ocurrió en 1982 y vuelve a ocurrir ahora, desconociendo la alianza interna que mantienen Washington y Londres. En tercer lugar, el Gobierno exhibe una actitud triunfalista sosteniendo que estamos ganando o logrando triunfos diplomáticos inéditos en Naciones Unidas, cuando en realidad la Argentina obtuvo la misma resolución que viene logrando desde hace 38 años en el Comité de Descolonización», recordó.
La relación con Chile: continuidad en el respaldo sobre Malvinas y tensión en el Estrecho de Magallanes
Analizando la reciente reunión entre los mandatarios de Argentina y Chile, Carmona desestimó que la postura del presidente chileno José Antonio Kast represente un giro histórico, remarcando que el apoyo a la soberanía argentina sobre el archipiélago forma parte de una política de Estado de la democracia chilena. No obstante, advirtió sobre fricciones discursivas en el sector de la defensa. «No hay un cambio de posición de Chile. Los gobiernos democráticos de Chile, desde que transitan la democracia tras la dictadura de Pinochet, han apoyado sistemáticamente a la Argentina en la cuestión Malvinas. El presidente Kast no hace otra cosa que reiterar las posiciones que anteriormente tuvieron Boric, Piñera y todos los presidentes de la democracia chilena, y es muy positivo que así sea», destacó.
«Sí resulta preocupante que en los últimos días hayan surgido tensiones por el Estrecho de Magallanes, debido a declaraciones imprudentes del jefe de la Fuerza Aérea Argentina y a la presencia de un sector de la opinión pública y de las Fuerzas Armadas chilenas que sostienen un discurso antiargentino y priorizan la relación con Gran Bretaña. Por suerte, el gobierno de Chile no tiene esa postura, pero existen elementos en su Ministerio de Defensa que alientan una suerte de nueva hipótesis de conflicto. Me parece bien que los presidentes busquen poner límites a esa confrontación discursiva», continuó diciendo.
Cerco legal al proyecto Sea Lion: de las demandas penales al bloqueo de inversiones
Ante el avance del proyecto extractivo Sea Lion, operado por firmas de Gran Bretaña e Israel con respaldo financiero internacional, el exfuncionario argumentó que el envío de leyes de sanción al Congreso es insuficiente si no se activa el aparato judicial argentino sobre los directivos y se bloquea el acceso de esas corporaciones a los recursos estratégicos del país. «Aumentar las sanciones a las empresas que operen en Malvinas está bien, pero no alcanza. Lo que ha dicho el presidente es absolutamente insuficiente. Hacen falta tres medidas centrales: en primer lugar, que el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial actúen para someter a proceso penal a los directivos de Navitas Petroleum —la empresa israelí—, de Rockhopper —la firma británica— y a los fondos de inversión estadounidenses que han comprometido financiamiento para ese proyecto ilegal», manifestó.
«Además, el presidente debe exigirle al primer ministro Benjamin Netanyahu que realice las gestiones para que la empresa israelí Navitas Petroleum se retire de Malvinas. En tercer lugar, es necesaria una legislación complementaria que imponga una restricción expresa a la inversión en litio, petróleo o cobre en la Argentina continental a empresas británicas, israelíes o estadounidenses que apoyen la usurpación de nuestros recursos en el Atlántico Sur», enfatizó.
«Hay que poner un límite cierto y concreto: no pueden quedarse con nuestros recursos naturales en el continente mientras se preparan para saquear Malvinas. Además, es imprescindible denunciar y dejar sin efecto el pacto Mondino-Lamy, que constituye una reeditada versión del pacto Foradori-Duncan», indicó.
«En cuanto a la demanda de acción preventiva por daño ambiental iniciada en la justicia federal de Río Grande, me parece una medida muy oportuna y necesaria. Esta organización de excombatientes y la asociación de abogados ambientalistas han hecho lo que debería haber hecho el Gobierno: exigir a la Justicia medidas preventivas frente a los enormes riesgos de contaminación que implica un proyecto extractivo que no cuenta con evaluación ambiental adecuada ni con controles eficaces en las islas», añadió.
La Base Naval en Ushuaia y la geopolítica de la soberanía
Respecto de la construcción de una base naval en Tierra del Fuego, Carmona cuestionó la paralización de las obras durante los primeros años de gestión y rechazó categóricamente cualquier intento de financiamiento o administración conjunta con potencias extranjeras, diferenciando las instalaciones militares de las bases de observación científica. «Respecto a la base naval en Ushuaia, existe una fuerte crítica porque desde que asumió Milei se paralizaron las obras de un proyecto que ya había iniciado nuestro gobierno. El presidente ya había anunciado esta base el 4 de abril de 2024 tras la visita de la generala Laura Richardson, jefa del Comando Sur de Estados Unidos, dejando entrever que sería una base conjunta con ese país», comentó.
«La preocupación más grande es la posibilidad de una base conjunta con Estados Unidos, lo cual implicaría una vulneración terrible de la soberanía nacional. La base se tiene que construir —es muy importante para la logística antártica y para garantizar la presencia en el Mar Argentino—, pero debe hacerse exclusivamente con fondos argentinos, contar únicamente con militares argentinos y servir al programa antártico nacional. No podemos admitir presencia militar extranjera en suelo patagónico», advirtió.
«No se puede comparar de ninguna manera una base naval militar con un observatorio científico. En Mendoza existe el observatorio de la Unión Europea en Malargüe y en Neuquén funciona la estación científica con China; ambas son instalaciones para investigación del espacio profundo, con fines científicos. Sugerir que es lo mismo que instalar tropas o capacidades militares extranjeras en Ushuaia es faltar a la verdad. La soberanía de la logística antártica debe ser estrictamente nacional», sentenció de forma categórica.
