Diversos informes sobre el pluriempleo en Mendoza nos muestran una radiografía que estremece. Los datos nos dicen que uno de cada tres trabajadores en nuestra provincia necesita sumar más de un ingreso para poder llegar a fin de mes. No estamos hablando de un fenómeno aislado, sino de una transformación profunda del mercado laboral mendocino.
Analizar esta crisis desde San Rafael y el resto de los departamentos de la Zona Sur nos permite ver cómo el fenómeno impacta en el entramado social y productivo. El informe refleja que más del 15% de los ocupados tiene pluriempleo, una cifra superior a la media nacional, y que casi el 35% de la fuerza laboral se encuentra en un estado de búsqueda e inestabilidad permanente. Cuando el salario real ha quedado rezagado frente al costo de vida y los aumentos de tarifas, la respuesta de los trabajadores es recurrir al multiempleo o a las llamadas «changas». Sin embargo, esto agota a la población, fragmenta la vida familiar y desdibuja el concepto mismo del descanso y la estabilidad laboral.
El deterioro del poder adquisitivo ha dejado de ser una variable macroeconómica que se discute en los despachos de Buenos Aires; es una situación que se sufre en cada comercio, en cada taller y en cada finca de nuestra provincia. Cuando el consumo interno cae porque los ingresos no alcanzan, el primer eslabón que se resiente es el de los pequeños y medianos comerciantes, que ven cómo sus ventas se desploman mientras los costos fijos siguen en aumento. Las familias deben recurrir a estrategias extremas de supervivencia, recortando no solo el ocio, sino elementos vitales de la canasta alimentaria y sanitaria.
Resulta evidente que la precarización que se propone profundizar bajo el rótulo de «actualización» laboral no suma ningún derecho ni resuelve el problema de fondo. Lejos de generar empleo genuino, la ausencia de un marco protector para el trabajador y la falta de políticas de estímulo para las pymes regionales aceleran la precarización de las condiciones de vida. Un modelo que reduce la economía a la mera búsqueda del equilibrio fiscal, olvidando el valor del trabajo registrado y digno, condena a la provincia a un estancamiento del que es muy difícil salir.
San Rafael, con su histórico espíritu de trabajo, no puede resignarse a vivir en la emergencia constante. Exigir un federalismo económico y laboral que defienda la producción regional y ponga fin a la asfixia impositiva es, hoy más que nunca, una cuestión de urgencia. La salud de nuestra comunidad se mide en la capacidad de asegurar que un trabajador pueda vivir dignamente de su esfuerzo, sin tener que desgastar su salud en múltiples ocupaciones. Sin un tejido productivo fuerte y sin salarios que le ganen a la inflación, la libertad económica se convierte en un privilegio de pocos y un profundo desamparo para la inmensa mayoría.
