La homilía del arzobispo de Buenos Aires, monseñor Jorge Ignacio García Cuerva, durante el Tedeum del pasado 9 de Julio y ante la plana mayor del Poder Ejecutivo Nacional, fue un discurso de profundo y marcado tono social, cuyas esquirlas interpelan directamente la alarmante realidad socioeconómica que atraviesa el país. No se trató de una exhortación protocolar; fue una denuncia explícita de las llagas que hoy laceran a los sectores más postergados de nuestra sociedad.
En el último tiempo, muy probablemente por el influjo del Papa Francisco, la Iglesia Católica argentina parece haber asumido un rol mucho más activo, firme y visible a la hora de defender los derechos de los desprotegidos, quienes, lejos de constituir una minoría, representan hoy a la abrumadora mayoría de los habitantes de un suelo empobrecido. El Episcopado ha endurecido su postura de manera orgánica frente a las variables de ajuste económico, actuando como un faro de advertencia ante el deterioro del tejido social, la falta de empleo y la licuación de los ingresos. Las palabras de García Cuerva consolidan esa línea pastoral comprometida con el territorio, poniendo el foco en el padecimiento de los vulnerables y exigiendo que la política no se divorcie del dolor cotidiano de los ciudadanos.
Este posicionamiento ha tensionado al extremo la relación con el oficialismo. Desde la óptica del presidente Javier Milei y sus seguidores, la Iglesia argentina es observada como un «enemigo» ideológico. De hecho, al propio Francisco se lo tildaba de “peroncho”, “zurdo” o “el enviado del Maligno”. Sin embargo, detrás de la retórica confrontativa de las huestes oficialistas se esconde una incomodidad inocultable: la Iglesia, con su capilaridad territorial y sus informes sociales, se ha transformado en un espejo incómodo que muestra las falencias estructurales del plan económico y político que hoy atraviesa el país. Al visibilizar el hambre, la desocupación, las agresiones, la indolencia y los varios etcéteras negativos más que caracterizan al gobierno de Milei y sus socios del interior, la institución eclesiástica desarma el relato oficialista y lo confronta con la cruda realidad de la calle.
Entre los pasajes más críticos de la alocución, el arzobispo instó a la comunidad a «independizarnos de la indiferencia y de la crueldad», advirtiendo sobre el peligro de insensibilizarnos ante la miseria. Su diagnóstico fue fulminante respecto al entramado de poder al señalar con dureza la subsistencia de «cuevas de corrupción donde los pobres se vuelven cada vez más necesitados y otros se enriquecen escandalosamente», una declaración categórica que exige a los gobernantes y legisladores «ser y parecer honestos, ahora y siempre». Asimismo, cuestionó el pragmatismo que deshumaniza la gestión pública al afirmar que «no hay soluciones mágicas, no podemos ser espectadores de una realidad que nos duele y nos desafía».
Esta fuerte interpelación eclesiástica resuena con particular fuerza en el interior del país. Aquí, las demandas por asistencia, empleo y contención social se multiplican al ritmo de la parálisis de la actividad. Cuando la Iglesia alza la voz a nivel nacional para resguardar a los postergados, está hablando también de las necesidades de las miles y miles de familias que sufren el impacto directo del repliegue estatal.
En tiempos de profunda fragmentación y crisis, la exigencia de una ética de la solidaridad no puede ser soslayada por quienes tienen la responsabilidad de conducir los destinos de la comunidad.
