Cuatro de las mujeres que se encuentran imputadas en la causa en que se investiga una supuesta red para el otorgamiento viciado de pensiones a personas con incapacidad, fueron trasladadas el viernes al complejo penitenciario Federal IV, de Luján de Cuyo.
Las mujeres, entre quienes está la presunta cabecilla de la banda, Normal Bravo, están acusadas de los delitos de defraudación a la administración pública y asociación ilícita.
En tanto, el resto de los imputados, hasta ahora siete -entre ellos tres médicos locales-, seguirán en libertad, al menos por ahora.
La causa
La investigación tuvo sus inicios hace tres meses, luego de una denuncia ante la Fiscalía Federal De San Rafael, a cargo del Dr. Ignacio Sabas, en la cual referían que una mujer realizaría trámites de pensiones por discapacidad en el A.N.S.E.S., a diferentes personas que no necesitaban dicho beneficio.
Atento a ello, los efectivos comenzaron con las tareas de campo estableciendo que cuatro mujeres, dos de ellas empleadas del Hospital Teodoro Schetakow, confeccionaban certificados médicos oficiales para luego hacerlos rubricar por profesionales médicos, con el objeto de emitir los certificados en cuestión. Asimismo y de forma conjunta, otros integrantes se ocupaban de conseguir personas desocupadas, cuya condición era que no perciban ninguna asignación, a quienes le efectuaban el trámite de pensión, todo ello a cambió de un porcentaje de la suma de dinero.
Por medio de diferentes pesquisas, se pudieron detectar la existencia de once domicilios ubicados en nuestra ciudad, implicados en las actividades ilícitas.
Con el total de las pruebas recabadas, el Juzgado Federal de San Rafael, a cargo del Dr. Eduardo Puigdéngolas, ante la Secretaría Penal a cargo del Dr. Carlos Boldrini, ordenó los allanamientos a las fincas, donde se logró la detención de cinco mujeres y tres hombres. Además, se secuestraron más de 70 cajas de medicamentos, 462.650 pesos, 400 dólares, gran cantidad de recetarios médicos, 8 computadoras, 2 Notebook, 1 Tablet, 10 teléfonos celulares y documentación de interés para la causa.
Los detenidos, argentinos y mayores de edad, quedaron a disposición del magistrado interventor en la causa caratulada “Defraudación a la Administración Pública» (Art. 174 C.P.) y «Asociación Ilícita» (Art. 210 C.P.)».
