Familiares de personas condenadas que cumplen prisión por diversos delitos de gravedad en Mendoza, se manifestaron esta semana para reclamar la derogación de la ley, aquella sancionada en 2012 en la Provincia y en 2017 en el Congreso Nacional. El exlegislador Luis Petri, advirtió que se trata de un avance de los sectores “garanto-abolicionistas de la pena”.
«La ley ya está vigente y nos costó muchísimo, es totalmente justa y razonable, puesto que a través de ella se postula que cuando se cometen delitos violentos como homicidios, violaciones, torturas, secuestros, terrorismo y otros, los responsables cumplan la totalidad de la pena en la cárcel. Es decir, el 100 % de la condena debe cumplirse, si te dan 10 años que sean 10. Hay que recordar que primero se aprobó en el año 2012 en la provincia de Mendoza tendiendo casi un 95 % de adhesión por parte de la ciudadanía. Sin embargo, había sectores que se oponían. A esos sectores yo los denomino garanto-abolicionistas de la pena, porque defienden delincuentes y no creen en las condenas privativas de la libertad», comenzó explicando Petri a Fm Vos 94.5, en el comienzo de la entrevista.
«Antes de esta ley, a mitad de la condena tenían salían transitorias, y con dos tercios cumplidos de la misma, obtenían prácticamente la libertad plena mediante la condicional. En muchos de los casos esas personas que quedaban libres cometían un abuso de la libertad anticipada por la que eran beneficiados, ya que volvían a cometer violentos delitos. Como ejemplo, podemos recordar que en el año 2012 fue asesinado brutalmente en la provincia de Mendoza Matías Quiroga. El delincuente que lo asesinó estaba con salidas transitorias y por eso muchísimos dijimos ‘basta’, y a raíz de esto, yo presenté el proyecto de ley que fue sancionado en nuestra provincia», añadió.
Luego, siguió explicando cómo prosperó el proyecto hasta convertirse en una ley de alcance nacional. «Mendoza fue pionera en esta cuestión y cuando llegué al Congreso de la Nación me dijeron que iba a ser imposible, incluso algunos jueces en nuestra provincia la declararon inconstitucional para favorecer a los delincuentes, pero cuando la aprobamos a nivel nacional en el 2017 los Tribunales Federales y la Cámara de Casación, declararon que está ley es constitucional, por lo cual los jueces de Mendoza deberían pedir perdón a las víctimas y a la sociedad. Esta ley está a favor de la ciudadanía en su reclamo de pedido de justicia, ya que exige que la condena se cumpla en su totalidad, porque uno de los fines de la condena es proteger a la población frente al delito. Un delincuente no puede ser liberado hasta estar seguros que va a reinsertarse en la sociedad y va a trabajar», argumentó Luis.
Por último, esgrimió su postura con respecto a la condena perpetua. «Actualmente hemos tenido un fallo muy favorable, en el cual yo fui uno de los abogados de la víctima de la masacre de Flores, me refiero a Matías Bagnato, a quien le asesinaron a toda su familia. En este caso, el asesino pedía la libertad condicional, entonces nos presentamos junto a la víctima y solicitamos que se rechazara esa petición. Por suerte se rechazó y se confirmó la condena perpetua, es decir que hoy las perpetuas, al menos, son más perpetuas que antes porque a partir de este fallo se sienta un precedente para que las personas que fueron condenadas a perpetuidad no recuperan la libertad. En este sentido, es importante que tengamos una Justicia con perspectiva de víctimas, que es por lo que vengo luchando desde hace tiempo.
Antes la justicia era muy benévola con los delincuentes, por ejemplo, un homicidio simple tiene una pena de 8 a 25 años y los jueces emitían condenas mínimas con un promedio de 12 años. Toda esta cuestión comenzó a cambiar y se debe fallar conforme lo indica la ley, y no como ha sido el caso de jueces como Zaffaroni y su escuela que le ha hecho mucho daño a la justicia argentina y ha desprotegido a la sociedad. Si no vivimos seguros el resto de los derechos no se pueden ejercer con libertad», concluyó Petri.
