Una causa judicial que tiene como trasfondo una disputa por un terreno ubicado sobre calle Sarmiento, en el distrito de Las Paredes, podría llegar a juicio oral. El fiscal de Instrucción N.º 2, Javier Giaroli, solicitó la citación a juicio del abogado sanrafaelino Andrés Domingo Mariani y de Aladino Eusebio Carloni, a quienes atribuye los delitos de falso testimonio y estafa procesal en concurso real.
La acusación se centra en las declaraciones que ambos prestaron el 28 de diciembre de 2022, durante un proceso civil iniciado por Ignacio Adrián González contra José Darío Blasco, en el que se reclamaba la escrituración de una fracción de un inmueble.
De acuerdo con la reconstrucción del Ministerio Público Fiscal, Mariani declaró bajo juramento que su único vínculo con González era haberle vendido un lote. También afirmó que había recibido la posesión del terreno de manos de Blasco y del abogado Iván Trollano.
Carloni, por su parte, manifestó que conocía a González porque le había vendido madera y alambre para cerrar la propiedad. Respecto de Blasco, dijo que creía haberlo visto cuando trasladaban materiales, aunque no había podido distinguirlo con claridad.
Para la Fiscalía, esas declaraciones contenían afirmaciones falsas y omisiones relevantes, y habrían sido complementarias entre sí. La hipótesis acusatoria sostiene que ambas contribuyeron a generar una representación equivocada sobre quién tenía la posesión del inmueble y permitieron que el juez civil ordenara escriturarlo a favor de González.
La disputa por el terreno
El expediente reconstruye una serie de operaciones y conflictos previos alrededor de la propiedad. Según la denuncia de Blasco, en octubre de 2018 habría firmado un boleto de compraventa por una fracción del terreno, con la promesa de recibir un precio que, sostiene, nunca le fue abonado.
Posteriormente, Mariani cedió derechos sobre esa fracción a González. La acusación señala que existieron distintas versiones de los instrumentos de cesión, con montos y superficies diferentes, y que la documentación incorporada a la investigación permitió reconstruir las relaciones entre los involucrados.
Uno de los puntos centrales para el fiscal es que, al momento en que Mariani afirmó haber recibido la posesión, el inmueble todavía estaba ocupado por integrantes de la familia Oviedo, a quienes el propio abogado había patrocinado en el conflicto por la desocupación del lugar.
La Fiscalía también tomó en cuenta que la cesión posterior a González establecía que la entrega de la posesión libre de ocupantes se realizaría en agosto de 2020. Además, incorporó actuaciones en las que el propio González denunció que Blasco había ingresado al lote y retirado alambrados, una circunstancia que, para la acusación, resultaría incompatible con la supuesta entrega de la posesión años antes.
Otro elemento considerado fue la declaración de la escribana que certificó la firma de Blasco en el boleto de 2018. Según consta en el requerimiento fiscal, la profesional manifestó que su intervención se limitó a certificar la firma y que no recordaba que se hubiera entregado dinero ante su presencia.
El vínculo entre los acusados
La investigación también examinó la relación familiar y comercial entre Mariani y Carloni. El expediente indica que este último es tío materno del abogado y que figura como administrador titular de la sociedad Virtrix Ancona Nova S.A.S., cuyo socio fundador y beneficiario final es Mariani.
Para el fiscal, ese vínculo, sumado a las circunstancias en que se produjeron las declaraciones y a las diferencias entre los testimonios que ambos habían prestado en otras actuaciones, constituye un elemento relevante para sostener la hipótesis de una actuación concertada.
La acusación considera que Mariani habría afirmado haber recibido la posesión del inmueble, mientras que Carloni habría aportado una versión sobre supuestos actos posesorios de González. Esa complementariedad, según el requerimiento, habría contribuido a sostener la pretensión de escrituración.
En función de esos hechos, el Ministerio Público Fiscal atribuye a ambos el delito de falso testimonio, previsto en el artículo 275 del Código Penal, en concurso real con estafa procesal, encuadrada en el artículo 172.
Nuevas investigaciones
La resolución firmada el 11 de noviembre por el fiscal Giaroli no se limita a la solicitud de citación a juicio. También dispone extraer nuevas compulsas para investigar posibles delitos que surgen del análisis de las actuaciones.
Entre ellos aparecen presuntas maniobras de prevaricato del abogado, estafa procesal en grado de tentativa, instigación al falso testimonio e insolvencia fraudulenta, con referencias a Mariani y a un hombre llamado Federico Sánchez. Asimismo, ordena investigar la declaración testimonial de Ignacio González, por la posible comisión de falso testimonio y estafa procesal.
La resolución dispone, además, acumular por conexidad subjetiva una causa en la que se encuentra imputado Serbando Juárez, radicada en la Unidad Fiscal de Malargüe.
De esta manera, el expediente abre una nueva instancia en un conflicto que excede la controversia original por la titularidad de un inmueble y que ahora pone bajo análisis judicial la presunta utilización de testimonios y documentación apócrifos en distintos procesos.
La decisión final sobre la responsabilidad penal de Mariani y Carloni corresponderá al tribunal que intervenga en el eventual debate oral. Hasta entonces, ambos conservan el estado de inocencia y las imputaciones formuladas por la Fiscalía deberán ser acreditadas en el proceso judicial.
