El Gobierno oficializó este martes los cambios de la reforma de la Policía Federal Argentina (PFA), los que toman como modelo al FBI de Estados Unidos como referencia. Con este nuevo perfil de la fuerza, su misión será prevenir, detectar e investigar delitos federales y complejos, al mismo tiempo que participará en la desarticulación de organizaciones criminales.
El comisario retirado Gustavo Fabián Otero, con décadas de experiencia en la fuerza y ex jefe de la delegación en San Rafael de esta fuerza nacional, brindó detalles sobre los cambios impulsados por el Ministerio de Seguridad y los desafíos que enfrenta la institución.
En diálogo con FM Vos 94.5, Otero, quien se retiró en 2016, señaló que la necesidad de estas transformaciones no es sorprendente para quienes han transitado la policía. «La evolución del delito, especialmente hacia los delitos transnacionales (tráfico de armas, drogas, personas, órganos) y, en particular, el ciberdelito, exige una constante actualización y capacitación de las fuerzas de seguridad», aseguró al principio de la nota.
En ese sentido, rememoró sus inicios en la PFA en 1984. «En esa época el delito más común en los barrios era el cuento del tío –estafas presenciales–, muy distinto a la sofisticación actual de la delincuencia, que se ha profesionalizado y capacitado para evadir las investigaciones. Por ello, me parece bien la iniciativa que comprende capacitación con estándares internacionales. El profesional de la seguridad pública debe estar constantemente actualizado, no hay opción. El delito fluctúa mucho y evoluciona», aseveró.
Desafíos: inversión en tecnología y cooperación internacional
Según Otero, los principales desafíos de la PFA pasan por la inversión en tecnología y la posibilidad de intercambios internacionales para capacitarse en las nuevas modalidades delictivas que surgen en las grandes ciudades del mundo. «Estas decisiones, que a menudo exceden a las instituciones, deben ser políticas de Estado, dado que los países del primer mundo invierten mucho dinero y capital en capacitación. Este eje es el valor agregado más importante para cualquier organismo», consideró.
La lucha contra el narcotráfico
Respecto al narcotráfico, uno de los delitos con mayor incidencia social, Otero observó que en el último período ha habido cambios. «Según las estadísticas, y por el testimonio del personal y de los vecinos, la situación en ciudades conflictivas como Rosario ha mostrado una merma», declaró.
«Incluso San Rafael y otras representaciones federales envían personal en comisión a estas ciudades, lo que ha contribuido a esa mejora. De todas formas, por más que se han tomado las medidas justas y necesarias el problema de raíz no se ha solucionado», aclaró.
Evolución y la necesidad de continuidad en políticas de seguridad
Al reflexionar sobre la evolución de la Policía Federal desde sus inicios en 1984, Otero remarcó la velocidad del avance tecnológico. Recordó haber comenzado con una máquina de escribir portátil y haber sido testigo del inicio real de lo que fue la era tecnológica y la computación. «Hoy, la PFA debe adaptarse a medidas de reconocimiento biométrico y facial, ya que el delincuente también estudia y se capacita para enmascararse y evadir el control, argumentó.
Finalmente, Otero celebró que las autoridades estén tomando decisiones políticas en este sentido, pero hizo un llamado a la continuidad de estas, independientemente de los colores políticos. «Lo que uno pide a veces como funcionario investigativo y de seguridad es la continuidad. Que se piense en el vecino, en el ciudadano, el comerciante o el turista. Lo importante es que este tipo de políticas continúen en el tiempo, no solamente en la Policía Federal sino también en la Policía de Mendoza, o cualquier institución que se dedique a la seguridad pública», completó.
Qué dice el nuevo decreto y qué implican los cambios en la Policía Federal
El decreto, y su anexo, establece como misión principal de la PFA la prevención, detección e investigación de delitos federales y complejos, y su colaboración en la desarticulación de organizaciones criminales. También habilita la creación de un nuevo Programa de Modernización, orientado a incorporar tecnologías de investigación y a modificar el sistema de ingreso y formación de los agentes. Para ello, se planea incorporar universitarios ya graduados y reducir progresivamente la cantidad de suboficiales.
Uno de los cambios más significativos es que la PFA podrá realizar tareas de ciberpatrullaje en “espacios públicos digitales”, como redes sociales abiertas y sitios web, sin requerir autorización previa de un juez.
Además, extiende la posibilidad de hacer requisas también sin orden judicial. Según el artículo 6, inciso 13, se permite esta práctica cuando “exista una sospecha fundada de que alguien podría ocultar objetos relacionados con un delito, si hay riesgo de que desaparezcan pruebas, o si la requisa ocurre en la vía pública en el marco de un operativo de prevención”.
En estos casos, la persona podrá ser “conducida a la dependencia policial que correspondiese, con noticia al juez con competencia de turno y demorada por el tiempo mínimo necesario para establecer su identidad, el que en ningún caso podrá exceder de 10 horas”, según establece el artículo 6.7 del nuevo estatuto. El texto agrega que se deberá permitir a la persona “comunicarse en forma inmediata con un familiar o persona de su confianza”
