El sistema de selección de magistrados en Mendoza podría experimentar modificaciones a partir de un proyecto presentado por el senador provincial Ariel Pringles, que busca incorporar criterios más objetivos y transparentes en la evaluación de los aspirantes a ocupar cargos judiciales. La iniciativa propone recuperar los puntajes de los exámenes, establecer un orden de mérito entre los postulantes y limitar la incidencia de las entrevistas personales, con el propósito de reducir la discrecionalidad y la influencia política en las designaciones.
El legislador explicó que presentó el proyecto hace aproximadamente dos semanas y que ya cuenta con estado parlamentario. Según señaló, la propuesta surgió de la necesidad de revisar algunos aspectos del funcionamiento del Consejo de la Magistratura, particularmente aquellos vinculados con la evaluación de quienes aspiran a convertirse en jueces. Pringles, quien proviene del ámbito judicial y se desempeña como secretario general de un gremio judicial a nivel nacional, sostuvo que la independencia del Poder Judicial debe comenzar desde el propio mecanismo de selección de sus integrantes.
“Me parecía que había que reformar algunas cuestiones que le daban una baja calidad institucional, le daban una amplia injerencia a la política en la decisión de los postulantes, de los magistrados”, explicó a Diario San Rafael y FM Vos (94.5). Uno de los principales cuestionamientos del senador apunta al sistema de calificación vigente. Actualmente, quienes participan de los concursos reciben una evaluación de aprobado o desaprobado en los exámenes, pero no obtienen una puntuación que permita establecer diferencias entre sus desempeños.
“Cuando uno rinde, le ponen aprobado o desaprobado el examen. Esa es una base de idoneidad, pero después hay un montón de aprobados y no sabemos quién fue el mejor o fue el peor”, señaló. Frente a esa situación, la iniciativa plantea volver a asignar puntajes para determinar con mayor precisión el rendimiento de cada postulante y establecer un orden de mérito basado en sus capacidades y antecedentes.
El proyecto propone modificar la ponderación de los distintos componentes de evaluación. La distribución planteada contempla un 20% correspondiente a los antecedentes, dividido en un 10% para los laborales y otro 10% para los académicos. A eso se suma un 40% para el examen escrito, un 20% para el examen oral y otro 20% para la entrevista personal.
De esta manera, las instancias de evaluación técnica representarían el 60% del puntaje total, mientras que la entrevista personal tendría una incidencia considerablemente menor que la que, según el legislador, puede alcanzar actualmente. Pringles cuestionó especialmente la falta de criterios objetivos en esa última instancia y consideró que allí pueden aparecer factores ajenos a la capacidad profesional de los aspirantes.
“Ese componente valorativo, y que nadie lo sabe explicar, es donde mete la mano la política, los amigos, lo que se llama comúnmente la rosca”, afirmó. Además, aclaró que los antecedentes laborales y académicos ya forman parte de la legislación vigente, pero que actualmente no cuentan con una tabulación suficientemente precisa. Según explicó, distintos aspectos terminan siendo evaluados de manera discrecional, sin que exista una puntuación clara que permita comparar a los candidatos.
La propuesta también contempla la creación de un registro de jurados y mecanismos para garantizar el anonimato tanto de quienes examinan como de quienes rinden, con el objetivo de aportar mayores garantías de imparcialidad durante los concursos. El senador remarcó que la iniciativa no debe interpretarse como una disputa partidaria ni como un cuestionamiento dirigido exclusivamente al gobierno actual. En ese sentido, sostuvo que se trata de establecer reglas institucionales que permanezcan más allá de los cambios de gestión.
“Lo que estamos haciendo es fijar una acción de los magistrados hacia futuro que nos dé garantía de que por lo menos no hubo una discrecionalidad y una merituación en función del amiguismo, sino en función de las condiciones personales”, manifestó.
Finalmente, Pringles agradeció la difusión de la propuesta y consideró importante que la Legislatura avance en su tratamiento. “No se trata de llevar agua para un molino o para otro, sino de hacer algo que quede institucionalmente para los magistrados que vienen”, concluyó.
