Los empresarios Rubén Rebolloso, Rubén Palau y Gabriel Bravo, presidente de la delegación Mendoza de APYME, analizaron en FM Vos 94.5 las dificultades que atraviesan las pequeñas y medianas empresas. Advirtieron sobre la caída de las ventas, los costos de producción, la presión impositiva y los problemas para sostener el empleo. También reclamaron medidas para las economías regionales.
La caída del consumo, el aumento de los costos y las dificultades para cumplir con las obligaciones fiscales fueron los principales problemas que plantearon Rubén Rebolloso, Rubén Palau y Gabriel Bravo durante una entrevista en el programa sabatino de Todas las Voces. Desde sus experiencias empresariales y su participación en la representación del sector, describieron un escenario de preocupación para las pequeñas y medianas empresas, con consecuencias sobre el empleo, la producción y la actividad comercial.
En diálogo con Ariel Sat y Alejandro Sosa, los invitados coincidieron en que las posibilidades de recuperación de las pymes están estrechamente relacionadas con el poder adquisitivo de las familias. También discutieron sobre la competitividad, el papel del Estado y las oportunidades que pueden tener las empresas locales frente al desarrollo de grandes inversiones.
“Es muy difícil sostener una pyme de servicios o una pyme productiva si no tenemos consumidores”, sostuvo Rebolloso, empresario sanrafaelino del rubro de rectificación de motores y expresidente de la delegación local de APYME.
El consumo, en el centro del problema
Para Rebolloso, las dificultades de una empresa no pueden analizarse únicamente a partir de sus decisiones internas. Su planteo fue que cada emprendimiento depende de una comunidad que pueda trabajar, generar ingresos y demandar bienes y servicios.
“Hay que mirar todas las fuerzas que generan producción en la Argentina, que son desde los trabajadores, desde aquel que lava piezas hasta el último técnico o científico. No podemos dejar afuera del aparato productivo a nadie”, expresó.
Desde esa mirada, cuestionó que la evaluación de la economía se reduzca a la situación individual de cada empresario. Advirtió que, aun cuando una firma consiga sostenerse durante un tiempo, el deterioro de sus clientes y proveedores termina afectándola.
“No se trata de subsidios, se trata de consumo”, afirmó. Y explicó: “Si yo mi producto no tengo a quién vendérselo porque los trabajadores no tienen cómo comprarme, por supuesto que no voy a vender absolutamente nada”.
El empresario relacionó ese problema con las dificultades cotidianas de las familias para cubrir sus necesidades. Según describió, los ingresos se destinan a una parte de los gastos mensuales y numerosas obligaciones quedan pendientes, lo que reduce las posibilidades de sostener el movimiento comercial y productivo.
“No le alcanza a la familia con lo que está recibiendo de ingresos en este momento”, resumió.
San Rafael y la pérdida de su entramado industrial
Rebolloso dedicó parte de su intervención a recordar la actividad fabril que caracterizó a San Rafael. Desde la experiencia de su empresa familiar, señaló que una rectificadora de motores permite observar el funcionamiento de distintos sectores, porque recibe trabajos vinculados con múltiples actividades.
“Nosotros en las rectificadoras recibimos los trabajos de motores de muchos rubros y conocemos la situación de cada rubro que son clientes nuestros”, explicó.
Al repasar sus recuerdos de la actividad local anterior a 1976, evocó un departamento con fábricas en funcionamiento y una importante demanda de trabajadores durante las temporadas.
“Un San Rafael en donde las fábricas funcionaban a pleno todas las temporadas”, describió.
Mencionó las conserveras, los secaderos, los frigoríficos, los aserraderos y los talleres metalmecánicos como parte de un entramado que permitía generar ingresos para numerosas familias. Según sostuvo, el trabajo de temporada tenía un peso decisivo en la economía de los hogares, porque ayudaba a afrontar gastos de vivienda y de escolaridad.
Su interpretación es que la pérdida de esas actividades excede a una gestión municipal y requiere respuestas de los distintos niveles de gobierno.
“Eso no depende de un intendente ni depende solamente del gobernador, también depende del presidente de la Nación, de quienes administran el país, crear las condiciones para que la industria pueda florecer en Argentina”, manifestó.
Competitividad: los límites de la adaptación
Durante la entrevista, los conductores plantearon si, además de reclamar cambios en la política económica, las empresas necesitan revisar sus procesos, mejorar su administración y adaptarse a nuevas condiciones de competencia.
Palau, de trayectoria en la dirigencia de APYME en Mendoza, respondió que las posibilidades de adaptación dependen también del sector y de la región en la que trabaja cada empresa.
“Cada zona tiene su particularidad”, señaló, y remarcó que las dificultades alcanzan al comercio, los servicios, la industria y los pequeños productores.
En su análisis, el deterioro de los ingresos de trabajadores, jubilados y otros sectores repercute directamente sobre el mercado en el que operan las pymes. Por eso consideró que la discusión sobre eficiencia debe incluir las condiciones de demanda y las herramientas disponibles para producir.
“Sí, queremos ser competitivos”, afirmó. Sin embargo, advirtió que resulta difícil avanzar cuando falta “el principal factor, que es el consumo” y cuando las obligaciones económicas no dan respiro.
Palau también cuestionó lo que considera un distanciamiento del Estado provincial respecto de los pequeños productores. En ese sentido, mencionó la lucha antigranizo y las políticas de acompañamiento al desarrollo rural como asuntos especialmente sensibles para el sur mendocino.
Menores márgenes y mayores dificultades para pagar
Gabriel Bravo, presidente de la delegación Mendoza de APYME y empresario del sector metalmecánico, describió una combinación de caída de ventas y pérdida de rentabilidad.
“A las pymes, sobre todo las que estamos en el sector productivo, los márgenes de rentabilidad han bajado estrepitosamente, además de las ventas”, sostuvo.
Explicó que a esa situación se suman los costos de energía, los alquileres y las obligaciones impositivas. En conjunto, afirmó, esas cargas complican la continuidad de numerosos emprendimientos.
“Todo ese combo hace que hoy sean inviables un montón de empresas en la Argentina”, expresó.
Uno de los puntos sobre los que hizo hincapié fue el desfasaje entre los plazos de cobro y los vencimientos que deben afrontar las pymes. Según indicó, hay grandes compañías que pagan a sus proveedores a 120 o 180 días, mientras las pequeñas empresas deben sostener salarios, servicios e impuestos.
“Ni el Estado toma ese recaudo de decir: ‘Bueno, ¿de qué manera puedo proteger al productor nacional?’. Bueno, protegelo desde lo financiero”, reclamó.
Palau vinculó ese panorama con el pedido de una ley de emergencia para las micro, pequeñas y medianas empresas. Señaló que buscan medidas de alivio frente a deudas y embargos que pueden agravar la falta de recursos para seguir trabajando.
En ese contexto, insistió: “Estamos pidiendo más auxilio al Estado nacional”.
El empleo y un círculo que debilita las ventas
Bravo también se refirió a las dificultades para sostener las obligaciones laborales cuando cae la facturación. Aseguró que el problema central es contar con ventas suficientes y cobrar dentro de plazos que permitan cumplir.
“Si a mí me dan los números para pagar el 931, yo los pago con gusto. El tema es que yo tengo que tener ventas”, sostuvo, en referencia al formulario utilizado para declarar obligaciones de la seguridad social.
Su planteo fue que el deterioro del empleo y de los ingresos termina profundizando el mismo problema que afecta a las empresas.
“Yo precarizo a mi empleado y mi empleado consume menos”, expresó al describir ese círculo.
Palau desarrolló una advertencia similar al analizar las compras de productos importados a través de plataformas digitales. Planteó que el beneficio inicial de conseguir un artículo más barato puede convivir con una pérdida de actividad en el comercio o la industria donde trabaja ese mismo consumidor.
En ese escenario, señaló que algunos empresarios terminan reduciendo su estructura, trasladándose a espacios familiares o pasando a la informalidad para intentar continuar. Su advertencia fue que el debilitamiento de la producción local también puede terminar perjudicando a quienes inicialmente encuentran una ventaja en los precios de los productos extranjeros.
Importaciones y condiciones para competir
La competencia con productos del exterior ocupó otro tramo importante de la conversación. Bravo sostuvo que las empresas nacionales enfrentan exigencias fiscales y productivas que, según su visión, no encuentran una compensación suficiente en las políticas de promoción.
“Vos querés fabricar algo 100% nacional, querés ser competitivo, querés ser eficiente: no te dan las herramientas para eso. No solamente no te dan las herramientas, te quitan herramientas”, cuestionó.
También describió la competencia con firmas multinacionales que comercializan productos fabricados en países como China o India. En ese marco, reclamó que se considere el lugar de los fabricantes, distribuidores y proveedores que integran las cadenas de valor dentro de la Argentina.
Para el presidente de APYME Mendoza, el problema se profundiza cuando las obligaciones recaen sobre los pequeños establecimientos mientras los grandes actores económicos acceden a condiciones más favorables.
“Si vos perseguís a una empresa pyme con las obligaciones fiscales y por otro lado le das un montón de beneficios a los grandes jugadores”, planteó al cuestionar esa diferencia de trato.
Grandes inversiones y participación de proveedores locales
Palau trasladó esa preocupación a las expectativas generadas por la minería, la energía y el petróleo. Consideró que el crecimiento de esos sectores debe acompañarse con oportunidades concretas para las pymes mendocinas.
Recordó que empresas locales comenzaron a trabajar en capacitación y certificaciones para poder participar en grandes obras. Mencionó las exigencias vinculadas con normas de calidad y los esfuerzos que deben realizar los pequeños establecimientos para cumplirlas.
“Hay que hacerlo, hay que ir para adelante, hay que seguir avanzando”, afirmó sobre ese proceso.
No obstante, cuestionó que los beneficios del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones permitan, según su análisis, resolver en el exterior compras y servicios que podrían generar actividad entre proveedores argentinos.
“El RIGI le da posibilidades aduaneras, le da posibilidades hasta financieras”, sostuvo.
Bravo coincidió en la preocupación por las dificultades para integrar a las empresas nacionales a esos desarrollos. Desde su experiencia en metalmecánica, advirtió que las compras directas en el exterior pueden afectar a una cadena que incluye importadores, representantes, distribuidores y talleres locales.
La preocupación compartida fue que las grandes inversiones tengan una vinculación efectiva con el entramado productivo de Mendoza y generen oportunidades para las empresas que ya trabajan en la provincia.
Economías regionales: la presión llega hasta la finca
Bravo advirtió que las dificultades se trasladan a lo largo de toda la cadena agroindustrial y terminan afectando especialmente al productor primario.
Explicó que las industrias exportadoras enfrentan precios internacionales que no pueden modificar libremente, mientras deben afrontar costos internos de energía, impuestos y otros servicios. Según describió, esa presión termina repercutiendo sobre el precio y las condiciones de pago de la fruta.
“Tu uva esta temporada vale tanto, tu ciruela esta temporada vale tanto”, ejemplificó sobre la situación que enfrenta el productor cuando ya tiene la cosecha en la planta.
En ese contexto, sostuvo que muchas familias vuelven a preguntarse, al terminar cada ciclo, si podrán continuar en la actividad.
También mencionó el caso de Fénix, en General Alvear, como ejemplo de una industria cuya eficiencia depende de la disponibilidad de materia prima. Según relató, la empresa debe buscar parte de la fruta que procesa en otras provincias.
“Si destruyen las economías regionales, no protegen al productor local, ¿cómo lográs que esa empresa sea eficiente?”, planteó.
A ese panorama sumó su preocupación por la venta de fincas para desarrollos inmobiliarios. Advirtió que, cuando los productores abandonan y sus hijos no quieren continuar, se pierde una superficie que antes generaba alimentos y trabajo.
Según explicó, el desgaste acumulado lleva a que las nuevas generaciones se nieguen a atravesar las mismas dificultades que sus padres o abuelos y opten por desprenderse de las propiedades.
El papel del Estado y las propuestas de salida
Aunque los tres entrevistados cuestionaron las políticas económicas, también plantearon la necesidad de discutir qué herramientas debería ofrecer el Estado para acompañar la producción.
Rebolloso defendió su papel en la infraestructura, la energía, la ciencia y la tecnología, y sostuvo que los problemas de administración deben corregirse.
“Lo que tenemos que hacer es perfeccionar. Luchar por un Estado eficiente y productivo”, afirmó.
Desde su perspectiva, la prioridad es generar condiciones para que crezca la actividad privada y se multipliquen las oportunidades de trabajo.
“Tenemos que lograr que el que conduce los destinos del país, que es el administrador del Estado, que es el gobierno de turno, cree las condiciones para que el aparato productivo crezca, para que el aparato productivo se multiplique”, expresó.
Hacia el final, el empresario dio además una definición política: explicó que participa de la construcción del Movimiento Industrialista Federal, al que presentó como una fuerza en formación con la intención de impulsar un proyecto nacional centrado en la producción y participar electoralmente en 2027.
Palau cerró su intervención con una advertencia sobre la extensión territorial de las dificultades: “Todo el país y las economías regionales inclusive están padeciendo una situación agobiante”.
A lo largo de la entrevista, el reclamo común fue recuperar el consumo, aliviar las dificultades financieras y fiscales, y asegurar que las empresas locales puedan participar de las oportunidades de inversión. Para los tres, la continuidad de las pymes está ligada tanto a las condiciones para producir como a los ingresos de quienes compran sus bienes y servicios.
