La contabilidad selectiva de la decadencia educativa revela la fragilidad de un relato oficial que necesita recortar el almanaque a su entera conveniencia. Cuando la ministra de Capital Humano, Sandra Petovello, atribuye los lapidarios resultados de las pruebas PISA a una «acumulación de doce años», incurre en una llamativa amnesia aritmética: dentro de esa misma ventana temporal, las fuerzas políticas que hoy detentan el poder o afines a su signo ideológico gobernaron el país más de la mitad del período.
Si el termómetro educativo mide ese periodo, la cuenta es clara: el macrismo ocupó la Casa Rosada durante cuatro años —con promesas de revolución educativa y un «Plan Maestro» que quedó en los papeles—, y la actual administración libertaria lleva ya tres años de gestión ininterrumpida. Siete de los doce años señalados como el origen de la debacle corresponden, por lo tanto, a administraciones que abrevaron en el credo del libre mercado, la descentralización presupuestaria o el ajuste fiscal.
Pretender escindir el presente del pasado cuando el propio diagnóstico abarca los años de gestión propia expone una contradicción insostenible: se utiliza la herencia como coartada discursiva al mismo tiempo que se profundiza el ajuste en todos los niveles de la educación.
El mecanismo de culpar en exclusiva al rival político responde a una necesidad táctica antes que a un diagnóstico riguroso. Al recortar la historia a la medida del combate partidario, el oficialismo evita rendir cuentas sobre el impacto real de sus propias políticas de desfinanciamiento y contracción económica sobre las aulas. Las métricas internacionales no hacen más que certificar una tragedia estructural de arrastre, donde el colapso social, la pobreza estructural y el desinterés de las sucesivas clases dirigentes por construir un proyecto soberano han destruido los cimientos de la escuela pública.
Cargar las tintas sobre el adversario mientras se consolida un modelo que retira al Estado de su rol compensador no es más que una maniobra de distracción. La educación argentina no naufraga por un único decreto ni por la gestión exclusiva de un gobierno determinado; se hunde en el pantano de un sistema político incapaz de acordar que el conocimiento es el único reaseguro de una nación viable, y donde cada sector intenta utilizar la ruina de las escuelas como munición para la próxima disputa electoral.
