En respuesta al nuevo marco normativo nacional en materia de imputabilidad y al Código Procesal Penal de la Nación, la Cámara de Senadores de Mendoza aprobó la media sanción del proyecto que crea el Código Procesal Penal Juvenil de la provincia. La iniciativa adecua las herramientas de investigación, enjuiciamiento y sanción para adolescentes a partir de los 14 años de edad, estableciendo penas escalables que van desde la reparación del daño y la obligatoriedad de estudios o tratamientos hasta la privación de la libertad en casos de extrema gravedad. El proyecto contempla además agravantes para los adultos que utilicen a menores para delinquir y crea la figura del supervisor para garantizar el cumplimiento efectivo de las medidas socioeducativas. En diálogo con FM Vos (94.5), Martín Kerchner, senador provincial de la Unión Cívica Radical, detalló el alcance técnico de la ley, las proyecciones presupuestarias, la capacidad edilicia para absorber el incremento de detenciones y los tiempos legislativos para su sanción definitiva en la Cámara de Diputados.
Reducción de la imputabilidad, escalabilidad de sanciones y la figura del supervisor
Al inicio de la charla, el senador Kerchner enfatizó sobre la importancia de establecer un proceso judicial transparente y garantías de cumplimiento de las penas para los adolescentes en conflicto con la ley, evitando que las infracciones menores escalen a conductas delictivas complejas. «A partir de la modificación de la ley nacional que bajó la edad de imputabilidad a los 14 años, cualquier adolescente desde esa edad es punible ante la ley, resultando enjuiciable y sujeto a recibir una pena si comete un delito. Lo que realizamos en Mendoza es dictar el Código Procesal Penal Juvenil, el cual obtuvo media sanción en la Cámara de Senadores de manera casi unánime y sin votos en contra. Se estructuró un proyecto que aplica penas escalables, las cuales van desde reparar el daño provocado, restricciones de acercamiento y la obligatoriedad de cumplir tratamientos por consumo de sustancias o finalizar los estudios secundarios, hasta la pérdida de la libertad para los casos de máxima gravedad», explicó.
«La escalabilidad implica que si un joven no cumple con la primera sanción, su situación se irá agravando progresivamente. Un aspecto crucial de este código es que impone un fuerte agravamiento de penas para los adultos que utilicen a menores de edad para cometer delitos. Si a un adulto le correspondían 10 años por complicidad en un robo, la condena puede elevarse a 15 o 20 años si involucró a un menor. Se busca cortar de raíz con el circuito donde los adultos se aprovechan de los jóvenes para la comisión de ilícitos», amplió.
«Para garantizar que el proceso no quede en una mera formalidad, el código introduce la figura del supervisor. Esta persona estará encargada de realizar el seguimiento directo de la trayectoria del joven, informando sistemáticamente cómo avanza en el cumplimiento de su pena para evitar que un delito menor derive posteriormente en una carrera delictiva grave. Habrá fiscales, jueces, defensores y un tribunal penal juvenil especializado para juzgar los hechos, dictar sentencias claras y verificar el cumplimiento efectivo de la sanción impuesta», aseguró.
Capacidad operativa, impacto numérico y proyección presupuestaria
Frente a la inquietud por el posible colapso de la infraestructura del sistema penal juvenil, Kerchner precisó las estadísticas del sector en Mendoza, justificando por qué la provincia se encuentra en condiciones físicas y financieras de absorber el nuevo régimen. «Mendoza es una de las pocas provincias del país que ya cuenta con un sistema penal juvenil articulado. Hasta el momento el régimen abarcaba la franja de 16 a 18 años, apoyado sobre una infraestructura que incluye a la Dirección de Responsabilidad Penal Juvenil (el ex COSE) y la Unidad de Medidas Alternativas (UMA). El año pasado intervinieron en procesos penales juveniles 511 jóvenes en toda la provincia, de los cuales solo 46 quedaron privados de la libertad por delitos de extrema gravedad, mientras que el resto recibió medidas alternativas», comentó en ese tramo de la comunicación.
«Tras más de 16 reuniones de comisión con la participación de jueces, fiscales, defensores e integrantes de Derechos Humanos de la Suprema Corte, estimamos que al bajar la edad de imputabilidad a 14 años la cantidad de expedientes aumentará en torno al 30%. Esto significa que unos 700 jóvenes pasarán anualmente por el sistema procesal y el número de internados o privados de la libertad pasará de 46 a un rango que oscilará entre los 70 y 80 chicos, alcanzando como techo un máximo de 100. Son números absolutamente manejables para la provincia», afirmó.
«Existen provincias en la Argentina que ni siquiera poseen un régimen penal juvenil formal y que tratan a los menores como adultos o carecen de procedimientos específicos. Mendoza lleva más de 15 años de experiencia acumulada en esta materia. Las adecuaciones presupuestarias necesarias se incorporarán en el presupuesto provincial con fecha de presentación el 30 de septiembre. Lo sustancial de esta norma son los plazos perentorios para que la investigación sea veloz, porque si el proceso penal se dilata tres años, el joven ya alcanzó la mayoría de edad y el sistema lo perdió por completo», declaró.
Criterios pedagógicos de separación y tramitación urgente en Diputados
Por último, el legislador provincial ratificó las exigencias contenidas en los tratados internacionales en materia de niñez y juventud, expresando su optimismo respecto al tratamiento acelerado que recibirá el texto en la Cámara Baja. «El código establece explícitamente que se debe separar a los chicos de 14 y 15 años de aquellos que tienen 16 y 17 años. Esto responde al cumplimiento de los convenios internacionales y a la necesidad pedagógica de tratar a una persona que está en pleno proceso de formación. El objetivo central es determinar si la conducta delictiva responde a un problema de consumo o de salud mental para corregir la trayectoria del joven mediante penas socioeducativas, evitando que el paso por el sistema penal se transforme en un incentivo para la delincuencia adulta», argumentó.
«Dado que la norma nacional se encuentra plenamente vigente desde el 5 de septiembre, trabajamos en comisiones conjuntas con los diputados provinciales para agilizar la discusión técnica y evitar duplicaciones de exposición. Como quedó demostrado durante la votación en la Cámara de Senadores —donde no se registró un solo voto en contra—, confiamos en que la Cámara de Diputados proceda con celeridad para dotar definitivamente a Mendoza de un Código Procesal Penal Juvenil moderno, ágil y garantista», expresó al cierre de la charla.
