La salud pública en la Argentina ha sido históricamente el termómetro de la justicia social y la presencia del Estado en los momentos de mayor vulnerabilidad ciudadana. Desde la concepción de Ramón Carrillo sobre la medicina social hasta la consolidación de un sistema que buscó la universalidad, el hospital público representó siempre una red de contención frente a las desigualdades del mercado. Sin embargo, el presente nos sitúa ante un escenario de crisis estructural donde esa red empieza a tensarse bajo el peso de una demanda sin precedentes, producto de un modelo económico que ha transformado el acceso a la salud en un artículo de lujo inalcanzable para vastos sectores de la clase media.
Los datos recientes sobre la migración masiva de pacientes desde el sector privado al sistema público en San Rafael, General Alvear y Malargüe son alarmantes. En nuestro departamento, casi el cincuenta por ciento de la población depende hoy exclusivamente de la infraestructura estatal, mientras que en los departamentos vecinos la cifra supera el sesenta por ciento. Esta presión sobre el hospital Schestakow y los centros de salud locales no responde a una mejora en la oferta pública, sino a la expulsión sistemática que el sector privado ejerce sobre la clase media. El mercado, ese ente que el discurso libertario actual eleva a la categoría de deidad infalible, ha demostrado su incapacidad para sostener el acceso básico cuando las variables económicas se vuelven adversas.
Cuando la desregulación permitió aumentos desmedidos en las cuotas y los costos operativos se dispararon, las empresas de medicina prepaga y las obras sociales optaron por el recorte de servicios y el cobro de coseguros prohibitivos. Ante la ausencia de rentabilidad, el sector privado no «compite por eficiencia», simplemente se retira, dejando al paciente en una orfandad sanitaria que solo encuentra respuesta en lo público. Es aquí donde la importancia del Estado cobra una dimensión ética y fáctica indiscutible. Es ese mismo Estado, denostado y calificado como una organización criminal por el relato oficial, el que debe absorber los restos de un sistema privado que colapsa bajo su propia lógica de lucro.
La saturación de las guardias y la extensión de los turnos en el sistema estatal son el precio que paga la ciudadanía por la ausencia de regulación. No se puede dejar la salud en manos de un mercado que no tiene memoria ni piedad. Mientras el discurso libertario insiste en desmantelar las estructuras públicas bajo el pretexto de la libertad, la realidad de los hospitales sureños demuestra que la única libertad que se está garantizando es la de quedar desprotegido. Si el Estado se retira de su función de garante, lo que queda no es un mercado eficiente, sino una sociedad fracturada donde la vida vuelve a ser un privilegio de pocos.
