En una resolución sin precedentes para la justicia mendocina, el Jury de Enjuiciamiento condenó al magistrado Sebastián Sarmiento a la sanción más alta registrada para un proceso de este tipo sin llegar a la destitución. El juez, encargado de la ejecución penal, evitó el desplazamiento definitivo al reconocer su responsabilidad en las cinco causas por las que fue denunciado, incluyendo la liberación anticipada de reclusos que luego reincidieron en delitos graves. El diputado provincial Franco Ambrosini (UCR), impulsor de la denuncia y querellante en la causa, analizó el alcance del fallo y el alivio de las familias de las víctimas.
El proceso, que se extendió por casi un año, concluyó con un acuerdo donde el magistrado aceptó las acusaciones de mal desempeño, lo que derivó en una suspensión de medio año sin goce de haberes. «Llegamos a la resolución de un proceso que comenzó hace un año. El juez Sarmiento terminó recibiendo la sanción más alta en la historia de las ‘intermedias’: seis meses de suspensión. Nunca en la historia se le había dado a un magistrado esa penalidad; siempre habían sido inferiores», señaló Ambrosini en diálogo con FM Vos 94.5.
«Lo más importante es que termina reconociendo su mal desempeño en las funciones. Si bien uno busca la destitución, la familia Pelayes nos transmitió su satisfacción al lograr que él admitiera que actuó mal», continuó diciendo.
El futuro de la ejecución penal en Mendoza
Aunque el magistrado retomará sus funciones en el mes de junio, existe una fuerte expectativa de que sea removido de su rol actual como juez de ejecución. «Es muy probable, y lo vemos con buenos ojos, que él no continúe como juez de ejecución penal. Esa es una decisión que ahora queda en manos de la administración de justicia y de la Corte. Ellos determinarán si sigue en ese cargo o si pasa a cumplir otras funciones. Nuestra visión es clara: sería positivo que lo trasladen de esa función específica después de lo ocurrido», declaró el diputado provincial.
Un mensaje para el Poder Judicial
Para el diputado Franco Ambrosini, el resultado de este proceso de enjuiciamiento marca un límite necesario en la actuación de los magistrados y refuerza el compromiso innegociable con el respeto por la legalidad vigente.
Bajo la premisa de «dentro de la ley todo», el legislador subrayó la responsabilidad social de quienes imparten justicia. «Quienes tenemos la responsabilidad de tomar resoluciones que afectan la vida de los ciudadanos debemos pensar en la gente de bien; en el que sale a trabajar, en los jóvenes que estudian y en los niños que juegan en la plaza. Cuando se toman decisiones que se apartan de lo que establece la normativa, debe haber consecuencias. Dentro de la ley todo, fuera de la ley nada», enfatizó.
Además, destacó que existen ejemplos a seguir dentro de los tribunales mendocinos que deben servir de guía para el sistema. «Es fundamental remarcar que en la provincia de Mendoza contamos con jueces excelentísimos que nos representan con orgullo a nivel nacional e internacional. Ese es el ejemplo que debemos seguir: el de los magistrados impolutos, con carreras impresionantes, que honran su cargo cada día cumpliendo estrictamente con su función», expresó.
El cierre de una etapa para las víctimas
La resolución por unanimidad de los 21 miembros presentes del Jury (legisladores y miembros de la Suprema Corte) otorgó un cierre legal a las familias que acompañaron la denuncia. «La decisión fue unánime entre los miembros presentes. Cuando nosotros consentimos la propuesta del juez de reconocer los hechos, el Jury deliberó puertas adentro y salió con una unanimidad de criterios. Lograr que un juez reconozca ante los representantes de los tres poderes que actuó mal es una victoria ética y legal muy fuerte para todos los mendocinos», subrayó sobre el final de la conversación.
Las distintas causas que sentenciaron al magistrado
El magistrado Sebastián Sarmiento aceptó su culpabilidad en la totalidad de los hechos denunciados ante el Jury, los cuales afectaron gravemente tanto la seguridad pública como la eficiente administración de los recursos del Estado.
Respecto a las liberaciones anticipadas, el juez reconoció su responsabilidad en los casos Pelayes y Pereira Cruz, donde otorgó libertades condicionales a pesar de que la ley vigente no lo permitía. A esto se sumó el doloroso caso Pardo en San Rafael, en el cual se lo acusó de liberar a un recluso antes de tiempo que, estando en libertad, terminó abusando de una menor en nuestra ciudad.
En cuanto a la gestión del sistema carcelario, la denuncia incluyó la autorización del uso de celulares en las cárceles para todos los internos, una medida que avanzó sobre competencias del Poder Ejecutivo y desoyó la visión de la Suprema Corte.
Finalmente, se detallaron los traslados irregulares de los hermanos Ureta, reclusos de máxima peligrosidad, a quienes ordenó trasladar a San Rafael pese a que debían permanecer en el complejo San Felipe por razones de seguridad, lo que generó gastos excesivos e innecesarios para el servicio penitenciario.
