En San Rafael se puso en marcha una nueva asociación civil destinada a representar a trabajadoras y trabajadores de casas particulares. Bajo el nombre ACTRACPAR (Asociación Civil de Trabajadores de Casas Particulares), la entidad busca brindar asesoramiento, contención, visibilidad y herramientas concretas para un sector históricamente relegado en materia de derechos laborales.
La referente local de esta organización, Patricia Iturri, explicó en diálogo con Diario San Rafael y FM Vos 94.5 que se trata de una iniciativa reciente, pero que ya comenzó a tomar forma. “Hace poquito, relativamente casi un mes, que organizamos esta Asociación Civil. Abarca a todos: trabajadoras y trabajadores. Surgió porque hacía falta, en la sociedad sanrafaelina, un grupo que representara al sector”, señaló.
Desde su creación, ACTRACPAR no solo ha dado los primeros pasos para lograr su personería jurídica, sino que ya comenzó a desplegar acciones concretas de formación. La primera capacitación se realizó semanas atrás, y la próxima será este sábado. “Se hace otra, gratuita, en conjunto con el Concejo Deliberante y Salud del municipio, donde se va a enseñar manejo postural de pacientes, RCP y primeros auxilios”, detalló Iturri. La actividad se llevará a cabo en el Salón Atenas, ubicado en Zapata 365.
Estas capacitaciones están dirigidas a personas que se desempeñan en tareas de cuidado, sobre todo de adultos mayores o personas con discapacidad. “Es necesario para la vida misma, pero sobre todo nosotros que cuidamos personas con comorbilidades importantes”, remarcó.
La asociación todavía no cuenta con personería jurídica definitiva, pero ya inició los trámites pertinentes. “Ya presentamos los papeles, estamos dando los primeros pasos en la parte legal. Eso demora un tiempo, pero lo importante es que está en trámite”, explicó.
En medio de un contexto económico complejo y con decisiones políticas que afectan al ámbito laboral, Iturri no dudó en describir la realidad que viven quienes integran este sector. “El sueldo es paupérrimo y acá en San Rafael se da una problemática grave: se está pagando mucho menos de lo que dicta la ley. Hay mucha carga horaria, hay un gran desconocimiento de la Ley 26.844, que es la que nos ampara”, denunció.
Esa norma establece escalas salariales mínimas, contempla las formas de contratación (por hora o mensual) y fija montos que deben respetarse. Sin embargo, en la práctica, la situación es muy distinta. “El 70 por ciento del personal está en negro, si no más. Para mí es más. No se paga ni siquiera el mínimo legal”, advirtió. La falta de blanqueo impide además el acceso pleno a beneficios como jubilaciones, cobertura médica o licencias.
También señaló la falta de cumplimiento con derechos básicos, como el aguinaldo. “Hace poquito había que pagar el SAC y en la mayoría de los casos no está contemplado. Los empleadores no lo tienen en cuenta. Ya sea que se trabaje por horas o con empleo fijo, si la persona trabajó tres meses, le corresponde un proporcional, esté en blanco o en negro. Eso es indistinto”, explicó.
La asociación busca ofrecer un espacio de acompañamiento y asesoramiento, aunque aún sin la estructura legal completa, las posibilidades de accionar son limitadas. No obstante, Iturri instó a quienes sufren situaciones laborales injustas a acercarse a organismos estatales. “Pueden ir a la Subsecretaría de Trabajo, en la calle Libertador, cerca del Registro Civil. Allí pueden pedir asesoría legal gratuita en caso de que estén siendo vulnerados sus derechos”, indicó.
Además del incumplimiento de la ley por parte de empleadores particulares, Iturri también apuntó contra el propio Estado. “Hay un sistema de informalidad muy preocupante. Servicios tercerizados, incluso desde PAMI, donde se les paga una miseria a las personas que trabajan en domicilios como cuidadoras”, sostuvo.
Más allá de las denuncias puntuales, Iturri remarcó que el fondo del problema es estructural y tiene raíces históricas. “Es un trabajo que ha sido desmerecido históricamente. Nunca fue valorado correctamente. Como no es un trabajo de fuerza, como por ejemplo el albañil, se dice que no es trabajo. Pero sí es trabajo, y es un gran trabajo porque se cuida a personas vulnerables, que no se pueden cuidar por sí mismas”, aseguró.
En este sentido, también planteó la necesidad urgente de un cambio cultural. “Es un debate muy importante que hay que ponerlo sobre la mesa, y que la sociedad comprenda que el trabajador del hogar es un trabajador como cualquier otro. Tiene los mismos derechos: salud, jubilación, un sueldo justo. El mínimo es solo una referencia. Si el empleador puede pagar más, mejor, porque 190 mil pesos por mes en el caso de un cuidador no alcanza si se paga alquiler, impuestos y demás”, expresó.
La flamante asociación apunta ahora a consolidarse como una voz que pueda articular con otras organizaciones, con el Estado y con la comunidad, para mejorar las condiciones de miles de trabajadoras y trabajadores que sostienen hogares y cuidados en silencio. “Gracias por la oportunidad de decir todas estas cosas y empezar a poner el tema sobre la mesa para que se discuta, por lo menos”, concluyó.
