Cinco meses después de haber dejado sin efecto el protocolo de identificación balística, el Gobierno de Mendoza busca darle un nuevo impulso al sistema. Esta vez lo hará a través de un proyecto de ley que otorgue un marco normativo al Laboratorio de Identificación Balística, una iniciativa que ya comenzó a generar cuestionamientos entre representantes de los legítimos usuarios de armas.
El anuncio fue realizado por la ministra de Seguridad, quien explicó que el objetivo es dotar al laboratorio de un respaldo legal similar al que posee el Laboratorio de Huella Genética. La herramienta permitirá determinar si un arma fue utilizada en distintos hechos delictivos y establecer vínculos entre investigaciones judiciales mediante el análisis de las marcas que deja cada disparo.
“Nos permite identificar el arma utilizada en un homicidio o en un robo y reconstruir esa trazabilidad como hoy hacemos con el laboratorio de huella genética. Necesitamos que también tenga su propia ley”, comentó Mercedes Rus.
El Ministerio de Seguridad explicó que una vez que la Legislatura apruebe la iniciativa, también se elaborarán los nuevos protocolos que regularán el funcionamiento del sistema. En cuanto a la fecha para presentar el proyecto de ley, Rus confirmó que será en el segundo semestre y no expuso una mes en concreto.
Además, aclararon que todas las armas que actualmente ingresan al sistema ya están siendo evaluadas y cargadas en la base de datos balística, de manera que la información quede disponible cuando el nuevo marco legal entre en vigencia.
El protocolo que fue derogado
En febrero, el Ministerio de Seguridad resolvió dejar sin efecto el protocolo de identificación balística que había generado una fuerte polémica entre usuarios registrados de armas, instructores y entidades vinculadas a la actividad.
Ahora, el Ejecutivo apuesta por un esquema diferente: en lugar de avanzar mediante una resolución administrativa, pretende que el funcionamiento del laboratorio quede respaldado por una ley aprobada por la Legislatura.
Las críticas del sector
Pese al cambio de estrategia, la iniciativa no logró despejar las objeciones. Luis Alberto Piazza, presidente de la Asociación Civil Mendoza de Actividad Cinegética (Acmac), sostuvo que el proyecto “no está mal en su intención”, aunque consideró que presenta serios problemas para su aplicación.
A su entender, el Estado volvió a concentrar los controles sobre los legítimos usuarios de armas, mientras que la mayoría de los delitos con armas de fuego se comete con armamento proveniente del mercado ilegal o sustraído de depósitos judiciales.
Costos y dudas sobre la implementación
Entre los principales cuestionamientos aparecen los costos y la logística que demandará el sistema.
Piazza advirtió que todavía no está definido quién proveerá la munición necesaria para realizar los disparos de prueba, quién asumirá esos gastos ni cómo se organizará el traslado de las armas hasta los centros de peritaje.
También señaló que existen armas antiguas o de colección cuyos calibres ya no se fabrican, lo que dificultaría o incluso impediría realizar las pruebas balísticas exigidas.
El debate sobre las armas ilegales
Desde Acmac también consideraron que el Gobierno debería priorizar el peritaje de las armas pertenecientes a las fuerzas de seguridad y de aquellas que permanecen bajo custodia judicial antes de avanzar sobre los usuarios registrados.
Además, remarcaron que las armas utilizadas en hechos delictivos suelen provenir del mercado ilegal, por lo que difícilmente integren una base de datos oficial.
Fuente: El Sol – https://www.elsol.com.ar/mendoza/seguridad-quiere-blindar-el-protocolo-de-identificacion-balistica-con-una-nueva-ley/
