El titular de la Sociedad Rural de San Rafael, Marcelo Serrano, sostuvo que los municipios agotaron las gestiones para sostener el sistema y criticó la falta de un reclamo conjunto de las instituciones. También advirtió que las compensaciones no alcanzan para cubrir los costos de producción y aseguró que la protección beneficia a toda la comunidad.
La incertidumbre sobre la continuidad de la lucha antigranizo en el sur mendocino provocó un fuerte pronunciamiento del presidente de la Sociedad Rural de San Rafael, Marcelo Serrano, quien responsabilizó al Gobierno provincial por la situación y cuestionó el papel de la Cámara de Comercio de San Rafael que, a su entender, debió acompañar con mayor firmeza el reclamo de los productores y los municipios.
En diálogo con FM Vos 94.5, el dirigente explicó que mantenían una última expectativa de obtener una respuesta durante el Almuerzo de las Fuerzas Vivas organizado por la Cámara de Comercio. Sin embargo, señaló que el gobernador Alfredo Cornejo no respondió al pedido formulado durante el encuentro.
“No respondió absolutamente nada, ni dijo nada”, expresó Serrano. Para el titular de la Sociedad Rural, ese silencio fue una señal de que la Provincia considera cerrado el asunto, pese a las gestiones realizadas desde San Rafael y General Alvear.
“Acá, si no hay lucha, hay un solo culpable, que es el gobierno de la provincia, el que la retiró hace dos años”, afirmó.
El reclamo por una posición conjunta
Serrano explicó que la Sociedad Rural elaboró un documento para fijar su postura y señalar las responsabilidades que identifica frente a la falta de una solución. En ese marco, dirigió críticas a la Cámara de Comercio de San Rafael, aunque aclaró que respeta su institucionalidad.
“Creo que la Cámara fue la gran ausente en el momento de peticionar”, sostuvo. Según su análisis, el reclamo habría tenido otra fuerza si las entidades empresariales de San Rafael y General Alvear hubieran acompañado desde un principio a los municipios y a los productores con una posición común frente al Gobierno mendocino.
El dirigente consideró que ese frente institucional podría haber permitido abrir una instancia de negociación sobre los recursos necesarios para sostener las operaciones. Cuestionó, además, que el pedido se haya reforzado cuando las posibilidades de poner en marcha el sistema ya eran menores.
“La Cámara de Comercio, que hoy lo pide y que dice que hay que dialogar y que en su momento dijo que era un capricho de los intendentes, me parece que le faltó un poco de ímpetu en su pedido”, manifestó.
También evaluó como un error que los departamentos sureños asumieran una responsabilidad que, según su postura, debía continuar en manos de la Provincia.
“Hacernos cargo de algo que no nos correspondía a los alvearenses y los sanrafaelinos, eso fue el peor error”, expresó.
La efectividad del sistema, según los productores
Durante la entrevista, Serrano defendió la utilidad de la lucha antigranizo y aclaró que su función es mitigar los daños, sin garantizar la eliminación del fenómeno.
Según afirmó, las propias evaluaciones que realizaba el área provincial de Contingencias Climáticas mostraban resultados favorables. “Ellos mismos mostraban los números que demostraban que era entre un 40 y un 50% efectiva la lucha”, señaló.
Agregó que el trabajo desarrollado posteriormente por el Aeroclub San Rafael permitió mejorar la operación y alcanzar, de acuerdo con su evaluación, niveles de mitigación cercanos al 50%.
Serrano cuestionó que esos antecedentes no se hayan traducido en una reconsideración de la decisión provincial. Recordó que Cornejo había dejado abierta la posibilidad de revisar su posición si se le demostraba la efectividad del sistema y sostuvo que los productores presentaron información para respaldarlo.
“Se le demostró, no vinieron a la demostración de los números”, aseguró.
Para el dirigente, la discusión también debe contemplar las pérdidas que se producen cuando el granizo afecta la actividad económica. Mencionó la producción que no llega a las industrias, los daños materiales y los ingresos que dejan de generarse.
En ese sentido, afirmó que existían estudios que mostraban una relación favorable entre el costo del sistema y los perjuicios que permitía evitar.
Otro de los ejes del planteo fue el alcance del Fondo Compensador. Serrano cuestionó que se lo presente como una respuesta suficiente frente a la pérdida de la cosecha y mencionó las coberturas a las que, según indicó, adhirió la mayoría de los productores incorporados al esquema.
“En caso de un daño de un 100%, cien por cien, te da un millón de pesos por hectárea”, sostuvo.
A continuación, advirtió: “Ese millón de pesos no cubre el costo de ninguna actividad agrícola, de ninguna cosa, ni de las hortalizas, ni de los frutales, ni de los viñedos”.
Su objeción apuntó a la diferencia entre recibir una compensación y poder recuperar los gastos realizados para producir. Desde esa perspectiva, sostuvo que la asistencia económica posterior al daño no resuelve la pérdida que afronta una explotación cuando la piedra destruye la totalidad de su producción.
También expresó preocupación por las dificultades sanitarias que ya atraviesa la agricultura en un contexto de precipitaciones y tormentas, al señalar que el panorama productivo presenta complicaciones adicionales.
Una protección que alcanza al turismo y a los vecinos
Serrano rechazó que la lucha antigranizo se considere un beneficio exclusivo para el sector agrícola. Planteó que su alcance debe analizarse sobre el conjunto de la comunidad, por los daños que las tormentas pueden provocar en viviendas, vehículos y actividades turísticas.
“Es cierto que nos beneficia a nosotros, pero es cierto que beneficia otro tanto al turismo”, expresó.
Recordó episodios de granizo de gran tamaño que provocaron roturas de tanques, automóviles y parabrisas. Por eso, insistió en que el reclamo debía involucrar a más sectores.
“La lucha antigranizo beneficiaba en cierta manera a toda la sociedad en su conjunto de San Rafael, productores, turismo y gente en general”, sostuvo.
Sobre la participación de las instituciones turísticas, aclaró que representantes de la Cámara de Turismo estuvieron presentes en las reuniones realizadas en el municipio. Aun así, reclamó una posición colectiva más firme y consideró que los silencios institucionales también deben ser discutidos.
“El señor Vargas Arizu vino y fue al simposio que se hizo por industria y después fue a la Cámara, y de ahí se fue. Estaba el mismo día que nosotros estábamos haciendo la reunión, Vargas Arizu estaba en San Rafael. Se le pidió que se arrimara con la gente de la Cámara de Comercio, por eso digo que acá hay culpables con nombre y apellido de los silencios que hicieron”, expresó.
Cuestionamientos a la representación empresarial
Serrano también cuestionó a la presidenta de la Cámara de Comercio, Silvina Pietrelli, al vincular su actividad empresarial con la ejecución de una obra para la Provincia. El dirigente planteó que esa relación entra en tensión con la representación de los reclamos de San Rafael ante el Gobierno mendocino.
“No puede ser que los representantes de entidades que representan el interés de un pueblo tengan negocios con la provincia”, expresó.
A continuación, hizo referencia a una obra de acceso al departamento: “Cuando está ejecutando una obra importante de un acceso a San Rafael, una empresa, y esa empresa, la dueña, es la de la Cámara que representa los intereses de toda la sociedad, y hace un almuerzo donde reclaman por todos los intereses de la sociedad, primero no estamos siendo bien representados, y segundo, no representa los intereses de la sociedad en su conjunto”.
“Esos son los grandes culpables de esta situación”, afirmó, y enseguida aclaró: “A nuestro entender”.
Estas declaraciones se sumaron a su crítica por el acompañamiento de la entidad al pedido de los productores: “Creo que la Cámara fue la gran ausente en el momento de peticionar”.
Los aportes municipales y las gestiones agotadas
Respecto de las alternativas que se buscaron para sostener el sistema, Serrano aseguró que el municipio de San Rafael mostró a las entidades un depósito bancario de 1.500 millones de pesos que estaba dispuesto a destinar a la lucha antigranizo.
Según explicó, la propuesta contemplaba aportes de San Rafael y General Alvear para afrontar la logística, los pilotos y otros gastos operativos, mientras se solicitaba a la Provincia que colaborara con los insumos de pirotecnia, uno de los componentes más costosos.
Consultado sobre el monto de ese aporte provincial, estimó que rondaba el millón de dólares, aunque aclaró que no tenía los números a la vista y que se trataba de una cifra aproximada.
Además, recordó que los vecinos todavía continúan pagando el costo de la temporada anterior. “Todavía todos los sanrafaelinos estamos pagando en la boleta de luz hasta diciembre el costo de la temporada pasada”, manifestó.
Para Serrano, las gestiones llegaron a un punto de agotamiento. “Ya se desistió de más reuniones porque ya veíamos que íbamos a vía muerta”, expresó.
Aunque conservaban una pequeña expectativa de que el gobernador anunciara una reunión con los intendentes para evaluar alguna alternativa, sostuvo que esa posibilidad tampoco se concretó durante el almuerzo empresarial.
“No creo que la municipalidad pueda hacer más gestiones ni la de acá ni la de Alvear”, afirmó, al considerar que ambas comunas realizaron los esfuerzos que estaban a su alcance.
Reconocimiento al Aeroclub San Rafael
Sobre el cierre, el presidente de la Sociedad Rural destacó el trabajo del Aeroclub San Rafael, de los pilotos y del personal que se preparó para sostener las operaciones durante las últimas dos temporadas.
Según señaló, esa experiencia permitió reducir costos y mejorar el funcionamiento del sistema. “La gente del Aeroclub, la verdad que me saco el sombrero, con los pilotos y toda la gente que se adiestró para esto y se preparó”, expresó.
Para Serrano, el esfuerzo realizado por esos equipos, los productores y los municipios debía encontrar una respuesta provincial que permitiera dar continuidad a la herramienta. Su planteo dejó expuesta, además de la preocupación por la próxima temporada, una fuerte crítica a la falta de unidad institucional para defender una protección que considera necesaria para todo el sur mendocino.
