Como ocurre históricamente cuando las temperaturas empiezan a incrementarse en nuestra zona, muchos sanrafaelinos ya están utilizando la red de canales y los espejos de agua para bañarse, intentando paliar el calor. No obstante, y también como ocurre año tras año, ya se han observado actos de vandalismo, taponamientos y daños en los cauces, en puentes y en compuertas. De hecho, las autoridades de Irrigación ya han radicado en los últimos días tres denuncias en la Justicia local por estas acciones.
En este mismo espacio ya hemos planteado que la discusión parte de una contradicción de derechos, puesto que a la prohibición legal –que impone sanciones de multa y hasta días de arresto para los incumplidores- se le enfrenta el derecho de gozar del agua. Cuando las elevadas temperaturas se tornan difíciles de sobrellevar sin un lugar o actividad para refrescarse, la controversia comienza a transitar los senderos de los derechos humanos y, entonces, las conclusiones pueden variar. Muchos de los que habitualmente desarrollan estas actividades sostienen que los canales, ríos o embalses son su única alternativa disponible puesto que no tienen la capacidad económica de costear una temporada en un natatorio, aunque hay municipal y, mucho menos, tener una pileta propia.
La mayoría de los actores intervinientes en la controversia admiten o argumentan que lo normado deja afuera cualquier posibilidad excepcional a la prohibición. No obstante, esos mismos opinantes admiten que el sentido común debiera primar en la problemática, dejando a la gente hacer un uso racional y hasta humano del agua para contrarrestar los efectos del calor.
Otras discusiones como determinar quién se hace cargo de los daños en la red de riego, quién se responsabiliza por eventuales desgracias que pudieran ocurrir en los lugares que se utilizan como natatorio o hasta un eventual cambio en la normativa también integran esta polémica que se repite año tras año, evidenciando así la dificultad que supone el dejar a todos conformes.
