El incidente vial que involucró al abogado Diego Silvestre, ex coordinador del Equipo Técnico Interdisciplinario (ETI) de San Rafael y consejero en el Consejo de Minería provincial, excede los límites de una grave infracción de tránsito para convertirse en un severo síntoma de degradación institucional. Conducir por las arterias de nuestra ciudad con un dosaje de 2,26 gramos de alcohol por litro de sangre, careciendo de licencia habilitante y de seguro obligatorio, constituye un desprecio absoluto por la normativa vigente y por la seguridad de la comunidad a la que Silvestre, de alguna forma, representa.
Históricamente, la legitimidad de las instituciones democráticas se ha sostenido sobre el principio de la ejemplaridad de sus funcionarios. Quienes asumen la responsabilidad de administrar el Estado o de representar a la ciudadanía en estamentos técnicos y colegiados no pueden disociar su conducta privada de las obligaciones legales que exigen al resto de la población. La ciudadanía, agobiada por normativas estrictas y controles severos, asiste con justificada indignación a un escenario donde aquellos que redactan, ejecutan o asesoran en el marco de la ley la vulneran de manera flagrante.
Vale decirlo también: Silvestre no es el primero ni, muy probablemente, el último funcionario público que incurra en este tipo de conductas. El ex concejal de Guaymallén Miqueas Burgoa, el ex titular del EMOP Jorge Teves, el concejal local Martín Antolín y hasta el actual presidente de la Corte de Justicia de Mendoza, Dalmiro Garay, han sido descubiertos manejando con alcohol en sangre por encima de lo que dicta la ley.
El impacto de este hecho cala hondo en la sociedad de San Rafael. Mientras las familias locales sufren a diario las consecuencias de la desaprensión al volante y las estadísticas locales se nutren de tragedias viales evitables, la condescendencia o el ocultamiento inicial de la información oficial —el procedimiento fue omitido en los partes policiales habituales— solo profundiza la desconfianza pública hacia los mecanismos de transparencia del Ministerio de Seguridad. Si bien la renuncia del funcionario fue inmediata ante la insostenible presión política, el daño a la confianza institucional ya se ha consumado.
Las posteriores declaraciones de la vicegobernadora Hebe Casado, calificando el proceder de Silvestre en términos despectivos y reduciendo la gravedad institucional a una torpeza personal, exponen una preocupante simplificación del problema. No se trata de un error de cálculo o de que «Silvestre es muy boludo», como dijo Casado; se trata de una falta ética y legal gravísima que demanda una condena institucional unánime, desprovista de eufemismos informales. El sur mendocino no puede ser el escenario donde las prerrogativas del poder diluyan la rigurosidad de la ley. La ejemplaridad en la función pública no es opcional ni un accesorio discursivo: es la condición primera y obligatoria para ejercer el gobierno.
