Es una nota repetida. Como ocurre cada año ante la llegada del verano y las altas temperaturas, muchos sanrafaelinos se bañan en ríos, canales de riego o espejos de agua, algo que está expresamente prohibido por la reglamentación vigente.
En este mismo espacio ya hemos planteado en reiteradas ocasiones que la discusión parte de una contradicción de derechos: a la mencionada limitación legal se le enfrenta el derecho de gozar del agua. Cuando las temperaturas se tornan difíciles de sobrellevar sin un lugar o actividad para refrescarse, la controversia comienza a transitar los senderos de los derechos humanos, y entonces las sentencias comienzan a variar.
Muchos de los que habitualmente desarrollan estas actividades sostienen –con razón humanitaria pero no legal- que esa es su única alternativa para no sufrir el calor puesto que no tienen la capacidad económica de costear una temporada en un natatorio ni, mucho menos, tener una pileta propia en sus casas.
No obstante, en nuestra edición de ayer informábamos (otra vez) de recientes casos de personas que no solo utilizan los canales como lugares de solaz sino que realizan taponamientos en los cauces (perjudicando a los regantes, originales destinatarios del sistema de riego) y, ante la presencia policial que viene a reclamarle cesar con esas conductas, los mismos responden de forma violenta apedreando a los efectivos.
Pareciera estar claro que con temperaturas como las que se registran en los veranos sanrafaelinos la ley no podrá contra la necesidad humana de refrescarse. Sería como ir en contra de la naturaleza y sabemos que es allí donde la regla pierde efectividad y lógica. No obstante, como integrantes de una sociedad organizada también debemos asumir que nuestras conductas tienen que adecuarse a la normativa -que eventualmente podría ser modificada- y, sobre todo, no perjudicar al resto de la comunidad para cumplir con el precepto jurídico y ciudadano de ejercer nuestras prerrogativas hasta el límite que imponen la ley y los derechos de los demás.
