El avance del Gobierno nacional sobre una apertura del sector nuclear argentino al capital privado y extranjero volvió a encender alertas en torno al futuro del complejo minero fabril Sierra Pintada, en San Rafael, considerado uno de los principales reservorios de uranio del país.
En los últimos días crecieron las versiones sobre negociaciones impulsadas por la administración de Javier Milei para habilitar una mayor participación privada en activos vinculados a la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), en un contexto de acercamiento estratégico con Estados Unidos y entrega a la administración de Donald Trump.
Si bien gran parte de las interpretaciones políticas surgieron desde sectores opositores y medios críticos del Gobierno, existen hechos concretos que muestran una orientación oficial hacia una apertura del sector nuclear argentino. Entre ellos, el avance de procesos de privatización parcial de empresas vinculadas al sistema nuclear y la búsqueda de inversiones extranjeras para áreas estratégicas.
Un recurso considerado estratégico
El uranio no es un mineral más dentro de la matriz productiva argentina. Se trata de un recurso estratégico vinculado directamente a la soberanía energética, que todos los países serios y soberanos del mundo protegen a rajatabla, el desarrollo científico y la capacidad tecnológica nacional.
Argentina integra el reducido grupo de países con desarrollo nuclear propio, capacidad de producción de tecnología aplicada y reservas de uranio disponibles para abastecimiento interno. Por eso, históricamente, la actividad vinculada al uranio estuvo bajo fuerte control estatal a través de la CNEA.
En ese contexto, la posibilidad de habilitar una mayor participación extranjera sobre activos nucleares genera preocupación y alerta en distintos sectores políticos, científicos y ambientales, ya que consideran que el país podría perder capacidad de decisión sobre recursos estratégicos de enorme valor geopolítico.
El interés internacional sobre el uranio creció en los últimos años por el resurgimiento de la energía nuclear en distintos países y por la disputa global en torno a minerales críticos vinculados a la transición energética.
Qué está ocurriendo con el sector nuclear
Durante 2025 y 2026 el Gobierno nacional avanzó en distintas medidas vinculadas al sistema nuclear argentino. La más importante fue la decisión de iniciar la privatización parcial de Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NASA), empresa que opera las centrales Atucha I, Atucha II y Embalse. El esquema contempla mantener mayoría estatal, pero abrir una porción accionaria al capital privado mediante licitación nacional e internacional.
En paralelo, distintos sectores vinculados a la industria nuclear denunciaron que la Casa Rosada busca atraer inversiones estadounidenses para el desarrollo de minerales estratégicos, entre ellos el uranio.
Aunque el Gobierno nacional no anunció oficialmente una privatización directa de la CNEA ni de los yacimientos uraníferos, sí existen movimientos orientados a flexibilizar el esquema histórico de control estatal sobre recursos nucleares considerados estratégicos.
El caso Sierra Pintada
Dentro de ese escenario aparece nuevamente Sierra Pintada, el complejo ubicado en San Rafael que depende de la CNEA y que durante décadas fue uno de los principales centros de extracción y procesamiento de uranio del país.
Según datos oficiales de la propia Comisión Nacional de Energía Atómica, entre 1975 y 1997 en Sierra Pintada se extrajeron y procesaron unas 1.600 toneladas de uranio, cifra que representa apenas alrededor del 20% del potencial existente en el yacimiento.
Ese dato es clave para entender por qué el complejo vuelve a estar en el radar nacional e internacional: Sierra Pintada conserva reservas estratégicas de uranio en momentos en que el recurso vuelve a ganar valor geopolítico y energético.
La orden de la Corte y el proceso ambiental pendiente
Actualmente Sierra Pintada no puede retomar actividades extractivas debido a restricciones ambientales y judiciales vigentes.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación ordenó la paralización total del complejo minero fabril hasta tanto concluya el proceso integral de remediación ambiental derivado de décadas de explotación y acumulación de residuos y colas de uranio.
Ese proceso incluye tareas de saneamiento, encapsulamiento de residuos, control de napas y monitoreo ambiental permanente, bajo supervisión técnica y judicial.
Sin embargo, especialistas y expertos ambientales sostienen que la finalización administrativa de la remediación no implicaría automáticamente una reapertura inmediata del complejo. Por el contrario, advierten que deberían transcurrir al menos seis años de observación y control posterior para verificar la estabilidad ambiental del predio antes de cualquier eventual reactivación.
Ese punto es central dentro del debate actual, porque el nuevo contexto nacional y el presidente Javier Milei podrían acelerar presiones económicas y políticas para avanzar sobre Sierra Pintada desconociendo los fallos y leyes (ya lo hace por ejemplo la Ley de Financiamiento Universitario) en tiempos mucho más cortos.
Por qué crece la posibilidad de una reactivación
La posibilidad de abrir el negocio nuclear argentino a inversiones privadas o extranjeras genera preocupación en sectores ambientales y políticos de Mendoza porque podría acelerar intentos de reactivar Sierra Pintada.
El nuevo escenario nacional modifica sustancialmente el contexto debido a que el uranio volvió a posicionarse como un recurso estratégico a nivel internacional, especialmente en medio del resurgimiento global de la energía nuclear y la disputa geopolítica por minerales críticos. A eso se suma el interés de Estados Unidos por garantizar acceso a esos recursos en América Latina con gobiernos débiles y la decisión del presidente Javier Milei de promover inversiones privadas, perdiendo la soberanía, en sectores históricamente controlados por el Estado. En ese marco, Sierra Pintada reaparece como un enclave de enorme valor estratégico debido a que conserva una de las principales reservas de uranio del país.
En consecuencia, distintos sectores interpretan que una apertura del mercado nuclear podría derivar en mayores presiones para reactivar el complejo sanrafaelino incluso sin concluir completamente el proceso ambiental pendiente o sin respetar los plazos posteriores de control que sugieren especialistas ambientales.
El recorte de $600 millones y la preocupación local
La situación se volvió todavía más sensible esta semana luego de conocerse que el Gobierno nacional recortó 600 millones de pesos destinados justamente a la remediación ambiental de Sierra Pintada.
La reducción presupuestaria fue oficializada mediante una decisión administrativa firmada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro de Economía, Luis Caputo.
Según trascendió, el recorte afecta partidas destinadas a mantenimiento, limpieza y productos químicos vinculados al tratamiento ambiental del complejo.
La remediación de Sierra Pintada no es un tema menor: responde además a obligaciones derivadas de fallos judiciales y reclamos históricos vinculados al impacto ambiental del complejo, además de ser posibles fuentes de contaminación para arroyos, donde San Rafael se provee de agua potable.
Por eso, en San Rafael existe preocupación ante un escenario donde, por un lado, disminuyen los fondos para sanear los pasivos ambientales y, por otro, crece el interés nacional e internacional sobre las reservas de uranio que todavía permanecen en el yacimiento.
