Para las distintas cámaras vitivinícolas de Mendoza, la derogación de leyes que regulan la industria del vino impulsada a través del decreto de necesidad y urgencia de Javier Milei no tiene un fuerte impacto, aunque esperan que se conozcan bien los detalles del alcance de la misma.
El presidente de la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar) Carlos Fiochetta aseguró que, en un primer análisis, una de las leyes que se derogaron es fácilmente reemplazable por marcos jurídicos existentes, mientras que las otras estaban en desuso.
“La más utilizada es la de elaboración de vinos (ley N 18.600), que establecía la relación entre los viñateros y los bodegueros. Muchas veces se paga la uva con vino elaborado, y esta ley establecía el formato de los contratos y demás. No establecía nada sobre montos. De ahora en adelante, seguramente se negociará con la norma de contratos generales, en la que se pondrán de acuerdo entre privados“, explicó el empresario.
Desde la Federación de Cooperativas Vitivinícolas Argentinas (Fecovita) señalaron que están en un proceso de análisis de los alcances.
“Por el momento, no tenemos certezas de cómo nos afecta en general. Tenemos que esperar unos días a ver cómo se piensa implementar. Hay leyes y reglamentaciones provinciales que también juegan y pueden o no ser modificadas por el DNU. Veremos que es lo que sucede en los próximos días“, detalló Marcelo Federici, secretario de Fecovita.
En tanto, el expresidente del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) Martín Hinojosa, opinó que no ve una reforma profunda, sino, por el contrario, algo muy superficial.
“De las leyes que se derogaron, dos no se usaban. La de contratos de elaboración de vinos se utiliza mucho, principalmente, en las épocas donde hay buena cosecha, donde las compras se caen y a los productores no les quedan más alternativa que recibir vino a cambio de la uva. Pero para esto se usa la ley 25.113 -conocida como Ley de Maquila-, en la que los productores de uva se aseguran la propiedad de la materia prima hasta que se finaliza la elaboración del vino”, explicó Hinojosa.
Por su parte, Fabián Ruggeri, presidente de la Asociación de Cooperativas Vitivinícolas Argentinas (Acovi), espera la letra chica del DNU.
“Hasta el momento, lo único que dice el decreto es ‘deróguese’. Deja un espacio de interpretación muy amplio y no sabemos cuáles serán los alcances que tendrá la norma. La 18.600 es la única que se utiliza y es la que le da un marco de seguridad a los productores, ya que allí establecen los derechos y obligaciones de ambas partes”, puntualizó.
Las leyes derogadas
En el anuncio del DNU, el presidente Javier Milei mencionó entre los 30 puntos destacados de la desregulación de la economía la “liberación del régimen jurídico aplicable al sector vitivinícola”.
Una vez publicado el texto se supo que se trataba de la derogación de tres leyes: la 18.600 de contratos de elaboración de vinos; la 18.905 de política nacional vitivinícola; y la Ley 22.667 de reconversión vitivinícola. En su argumentación, se indica que se toma esta decisión para evitar que la industria sufra “el peso de una excesiva regulación“.
De las tres leyes -que fueron sancionadas durante gobiernos de factos-, la única que se utiliza es la de contratos de elaboración de vinos, mientras que las otras dos, si bien están en vigencia, no se usan en la práctica.
La norma 18.600 fue sancionada el 16 de febrero de 1970 y publicada dos días después en el Boletín Oficial de la Nación durante la presidencia de Juan Carlos Onganía. Según su redacción, “regirá los contratos de elaboración de vinos por los sistemas de ‘contrato de elaboración por cuenta de terceros’, ‘a maquila’ o por ‘cuenta del viñatero’”.
En tanto, las leyes 18.905 y 22.667 nunca se aplicaron en su totalidad, ya que no tuvieron el fondeo suficiente para ser implementadas, y existían sólo en la teoría.
Fuente: El Sol
