Días atrás, el presidente Alberto Fernández presentó el “Plan Nacional de Acción contra las Violencias por Motivos de Género 2020-2022”. La iniciativa tiene un presupuesto asignado de 18 mil millones de pesos y consta de 15 ejes y 3 dimensiones, y se llevará adelante de cara a los próximos dos años.
Entre las medidas que se intentarán implementar a partir de este programa, se destaca la posibilidad de que víctimas puedan realizar denuncias “no solo en oficinas judiciales o policiales sino en otras agencias del Estado, como por ejemplo centros de salud o áreas locales de género”, así como la creación de dos subprogramas para la “construcción de otra masculinidad” y de “vínculos sexoafectivos responsables y diversos”.
Tal como destacaron sus ideólogos, el Plan pone el foco en las “violencias extremas (femicidios, travesticidios y transfemicidios)”, “la autonomía económica de las personas en situación de violencia” y “la dimensión cultural y estructural de las violencias por motivos de género”. El componente preventivo del proyecto propone modificar pautas culturales y desigualdades estructurales, a través de campañas y acciones sobre análisis de las masculinidades y vínculos sexoafecivos, y en ello, de nuevo, la conducta individual y el deseo de mejorar, modificando creencias y actitudes, serán claves.
El programa implica un gran desafío para la sociedad argentina y para la dirigencia política, ya que no solo se requiere de fondos y compromiso federal, sino de la responsabilidad de cada uno de nosotros en pos de lograr una sociedad más justa y equitativa.
Las escalofriantes cifras de personas heridas y muertas por hechos de violencia de género, sumadas a las actitudes machistas diarias que evidenciamos en nuestra sociedad, impusieron la necesidad de abordar la temática desde el Estado y comprometidamente. Saludable sería que este primer paso sea acompañado por la mayoría de los argentinos y vengan otros en el mismo sentido.
