Este miércoles, en la décima jornada del juicio oral que tiene como principal acusado a Walter Bento, se produjo un hecho relevante: la esperada declaración indagatoria del suspendido juez federal ante el Tribunal Oral N°2, integrado por Gretel Diamante (presidente) y Eliana Beatriz Ratta Rivas y María Carolina Pereyra (vocales).
“No solamente va a declarar, sino que va a contestar preguntas de todas las partes”, anticipó el abogado Mariano Fragueiro Frías, a cargo de la defensa de Bento. “Va a contestar hecho por hecho. Con lo cual, no es que va a declarar solamente este miércoles alrededor de 5 o 6 horas, va a declarar mucho tiempo y muchas jornadas”, agregó.
Bento es juzgado, entre otros delitos de cohecho, enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, como líder de una asociación ilícita que pedía dinero a cambio de favores en las causas que instruía. El juicio tiene a otros 31 imputados, entre ellos la esposa y dos hijos del magistrado, en el banquillo.
Así las cosas, este miércoles se conoció por primera vez en el juicio la versión de quien era titular del Juzgado Federal Nº1 de Mendoza. “Voy a declarar, hecho por hecho, sobre todos los hechos”, adelantó Bento, quien fue apartado por el Consejo de la Magistratura de la Nación a fines de mayo pasado, cuando se decidió someterlo a un proceso de destitución por presunto “mal desempeño”. Ese proceso está previsto que comience el 25 de noviembre.
El caso
Según el requerimiento de elevación a juicio, la investigación liderada por el fiscal federal Dante Vega demostró “la existencia de un acuerdo, al menos desde el año 2007, de más de tres personas destinado a la comisión de indeterminada cantidad de delitos con el propósito de obtener dinero y/o bienes a cambio de la obtención de beneficios judiciales ilegítimos en los casos en que intervenía el juez Bento”.
En ese sentido, en la acusación se indicó que esta asociación ilícita liderada por Bento tenía como organizadores a Diego Aliaga (asesinado) y a los abogados Luciano Ortego y Jaime Alba; y como miembros a los abogados Martín Ríos, Matías Aramayo, Francisco “Chato” Álvarez y Javier Angeletti, al comisario Gabriel Moschetti, y al acusado por narcotráfico Walter Bardinella Donoso.
La fiscalía señaló que, de acuerdo con este esquema, la fase judicial del accionar de la banda tenía lugar luego de la imputación o detención de la persona, y consistía en el otorgamiento de la libertad o en la morigeración de la medida de coerción en favor del sobornador, medidas que generalmente iban acompañadas por su desvinculación total o parcial del proceso. En esta fase, el soborno consistía en el pago de sumas de dinero variables, generalmente en dólares, o bien en la entrega de bienes como condición previa para que el sobornador obtuviera ese beneficio.
Todo saltó a la luz gracias a la detención de Bardinella Donoso, el 6 marzo del 2020, por un millonario cargamento de marihuana. Al secuestrar y peritar su teléfono celular, efectivos de la Policía contra el Narcotráfico de Mendoza descubrieron que había llamadas y mensajes con Aliaga y algunos abogados, y los investigadores entendieron que se trataba de arreglos para morigerar la situación procesal de los delincuentes, principalmente acusados por contrabando.
El avance de la causa permitió detener e imputar a más de 32 sospechosos por diversos delitos (cohecho activo, lavado de activos, enriquecimiento ilícito, violación de secretos, violación de deberes de funcionario público y falso testimonio, entre otros).
Fuente: El Sol
