El Gobierno de Mendoza confirmó que ya son 15 los padres denunciados por negarse a vacunar a sus hijos, en el marco de una estrategia sanitaria inédita a nivel nacional. Así lo afirmó el ministro de Salud y Deportes, Rodolfo Montero, en declaraciones al programa Opinión de LVDiez, donde defendió la intervención estatal frente al descenso sostenido de las coberturas de inmunización infantil.
“La vacunación es un acto colectivo. Hay una ley nacional que establece que la vacunación es obligatoria para defender los derechos del niño. Además es por seguridad colectiva. Un grupo de personas no vacunadas pone en riesgo a toda la población”, afirmó Montero.
En este sentido, aseguró que el objetivo del Gobierno no es las denuncias realizadas a los padres no tienen una finalidad penal “de mandar preso a alguien” ni tampoco económico” por las multas que se puedan aplicar, sino que el Gobierno busca resguradar los derechos del niño.
“Lo que queremos es que la Justicia nos de el respaldo y el empujón necesario para perseguir a quienes no han vacunado a sus hijos. Si no estamos todos vacunados, vamos a tener problemas en materia sanitaria”, explicó.
La medida se sustenta en la Ley Nacional 27.491, que establece la obligatoriedad de las vacunas y fija la prevalencia de la salud pública por sobre las decisiones individuales. Desde el Ejecutivo provincial explicaron que la decisión se adopta en un contexto epidemiológico delicado, atravesado por el rebrote de enfermedades prevenibles, como el sarampión, y por la muerte de al menos siete niños a causa de coqueluche, cuadros asociados directamente a la caída en los esquemas de vacunación.
Montero precisó que las denuncias ya fueron presentadas ante la Justicia Civil y que los adultos involucrados deben concurrir a audiencias obligatorias. En esas instancias, equipos de salud explican los riesgos individuales y colectivos que implica no cumplir con el calendario oficial de inmunizaciones, tanto para los niños como para la comunidad en general.
La normativa vigente prevé sanciones que incluyen multas de entre 84.000 y 336.000 pesos, trabajos comunitarios e incluso arrestos de hasta cinco días, según el Código de Contravenciones provincial. No obstante, desde el Ministerio de Salud remarcan que el objetivo no es punitivo sino preventivo. La jefa del Departamento de Inmunizaciones, Iris Aguilar, sostuvo que la prioridad es garantizar el derecho a la salud de los niños y activar los mecanismos del Estado cuando ese derecho es vulnerado, quedando en manos del juez la definición de las medidas a aplicar.
