Con el objetivo de frenar la expansión del coronavirus, el presidente Alberto Fernández decretó el aislamiento social, preventivo y obligatorio desde el 20 de marzo. A partir de esa fecha, la Policía tiene la facultad de iniciar un procesamiento contra toda persona que sea hallada en la vía pública y no pueda justificar por qué salió de su casa.
En toda Mendoza, hasta hoy, eran más de 3.600 las causas por infringir lo establecido por el decreto presidencia, situación que da lugar a un proceso penal, contemplado por el artículo 205 del Código Penal de nuestro país, donde se prevé penas de 6 meses a 2 años de prisión al que no respete las normas establecidas por autoridades competentes para evitar la propagación o contagio de una epidemia.
En la Sur, concretamente, el número de imputados ya superó los 500. La mayoría de esos procesamientos (432), han sido realizados por la Policía de Mendoza y la Fiscalía Correccional de turno en la Segunda Circunscripción Judicial. A esa cifra se le deben sumar más de 100 procesos efectuados por la Policía Federal y asentados en la Fiscalía Federal.
Este miércoles, según confirmaron desde el área de prensa del Poder Judicial, se realizarán las primeras tres audiencias contra quienes infringieron lo dispuesto en el decreto presidencial. De no tener antecedentes, se prevé que el proceso termine en una suspensión de juicio a prueba y trabajo comunitario para el imputado, el que tendrá que cumplir en un organismo estatal. Si el procesado tiene antecedentes, arriesga purgar una condena en la cárcel.
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