Los expertos coinciden en señalar que una de las causas de la persistencia de la pobreza en la Argentina, junto con la inflación que afecta severamente a los sectores con ingresos fijos, es la precariedad del mercado laboral nacional. La falta de trabajo permanente (desempleo) y la subocupación, además de la informalidad, definen el escenario social y el drama se ha agudizado en los últimos años.
Un claro indicador de ese fenómeno es que actualmente apenas poco más de 1 de cada 3 trabajadores ocupados lo hacen en condición de asalariados en el ámbito privado registrados por el Sipa (del Ministerio de Trabajo), suman 6 millones, a los que se agregan casi medio millón que se desempeñan bajo el régimen de casas particulares. Del resto de los 20,2 millones proyectados al total país a partir de la Encuesta Permanente de Hogares del Indec, 3,4 millones lo hacen en la administración pública nacional, provincial y municipal -como ingreso principal del mes-; 2,1 millones como monotributistas puros (no tienen otro ingreso habitual como asalariado o jubilado); y 7,8 millones se desempeñan en negro (4,9 millones como asalariados y 2,9 millones como independientes).
A su vez, de las estadísticas de generación del Ingreso que también elabora el Indec se desprende que los mayores ingresos promedio de la población trabajadora se obtienen en los puestos asalariaos, privados y en el Estado. De ahí la resistencia a la baja de la pobreza y de la enorme brecha negativa que persiste entre el promedio de los recursos monetarios de los hogares y los valores de la canasta básica total e incluso alimentaria.
Estas cifras, que sirven de radiografía de la economía de las familias, explican por qué la pobreza no baja en la Argentina. Y también deberían servir de base para desarrollar políticas que optimicen el mercado laboral, cambien las leyes y bajen las cargas impositivas para, a consecuencia de ello, comenzar a atacar de verdad a la pobreza. En esa tarea, Estado y privados son responsables.
