El cierre de la fábrica “Gonzalo”, reconocida como un emblema de la industria de snacks en La Ciudad de Mendoza, dejó a 25 familias sin trabajo tras más de 70 años de actividad. La noticia llegó de forma inesperada el pasado domingo a través de un mensaje de WhatsApp enviado por la administración de la empresa. Luis Sartorio, empleado con 33 años de antigüedad, compartió con Diario San Rafael y FM Vos 94.5 su testimonio sobre lo que calificó como un desenlace “vil, cruel y oscuro”.
“Nos enteramos el domingo, en horario de almuerzo, que la empresa cerraba momentáneamente. Fue un mensaje de audio, sin ninguna explicación oficial ni respaldo judicial”, relató Sartorio, visiblemente afectado. Según explicó, este fue el último acto de una serie de eventos que evidenciaban problemas financieros en la compañía. “En los últimos meses, se notaron movimientos extraños: vehículos que desaparecieron, achicamientos en las operaciones. Parecía una estrategia oculta, pero nunca imaginamos que terminaría así”, agregó.
La fábrica, fundada por Gonzalo García, un inmigrante español, fue durante décadas un referente en la producción de papas fritas y otros snacks en la región. “Es una empresa con una trayectoria impecable. Durante los peores momentos económicos del país, siempre cobramos los sueldos. Nunca hubo problemas hasta hace cuatro meses”, aseguró Sartorio. Sin embargo, los últimos años no fueron fáciles, marcados por dificultades para conseguir materia prima de calidad y el aumento de las deudas, que según estimaciones superan los cien millones de pesos.
Para los trabajadores, el cierre no solo fue abrupto, sino que careció de transparencia. “No hay ninguna presentación oficial en la justicia. Todo lo que sabemos es por un mensaje de WhatsApp. La empresa dice que está en un concurso de acreedores, pero no hay registros de ello. Tampoco han buscado alternativas reales, como préstamos o acuerdos con el gobierno”, denunció Sartorio.
La incertidumbre rodea la situación legal de la compañía. Según explicó Sartorio, la única comunicación oficial fue entre los abogados de ambas partes, pero sin documentación respaldatoria. “El dueño cambió de abogado; contrató a alguien que parece especializado en estas situaciones. Pero hasta ahora, no hay nada oficial que respalde la quiebra ni los motivos del cierre”, señaló.
La crisis de la empresa también refleja un contexto más amplio. Sartorio explicó que la calidad de la materia prima fue un problema este año. “El sector de los snacks tuvo un mal año, pero no creo que eso sea la causa principal del cierre. Con 70 años de historia, esta empresa debería haber encontrado soluciones, como lo hizo en el pasado”, afirmó.
Desde la perspectiva de los empleados, el desenlace parece más una decisión deliberada que un fracaso inevitable. “No creemos que esta haya sido la única salida. Es una marca reconocida, con bienes y cuentas bancarias que podrían haber servido para buscar financiamiento. Cualquier obrero puede conseguir un préstamo de quince millones de pesos; una empresa como esta debería haber accedido a soluciones similares”, reflexionó Sartorio.
El impacto del cierre no se limita a los trabajadores directos. La fábrica Gonzalo era un ícono en Mendoza, y su caída representa una pérdida significativa para la economía local. “Nosotros producíamos calidad. Éramos un orgullo para la provincia. Esto no solo afecta a las familias que quedamos en la calle, sino también a la comunidad que confiaba en nuestra marca”, destacó Sartorio.
A pesar del cierre, los empleados no se rinden. “Estamos haciendo una vigilia frente a la planta en Guaymallén, esperando respuestas. Hemos presentado actas en la Subsecretaría de Trabajo, pero no hemos obtenido respuestas concretas. Seguiremos luchando para que se aclare esta situación y se haga justicia”, concluyó Sartorio.
