El fiscal federal de San Rafael, Ignacio Sabás, confirmó que hasta ahora descubrieron 26 pensiones por discapacidad que fueron entregadas en los últimos años en nuestro departamento con certificados truchos y que son 33 los implicados en la causa.
En declaraciones a Radio Nihuil,
Sabás dijo que «quiźas hayan mas casos»
Respecto a la reponsabilidad de los involucrados y quiénes deben responder ante la Justicia, el profesional aclaró que «hay médicos que firmaron esos certificados, a los que les cabe la responsabilidad de partícipes en el delito de fraude contra la administración pública. Hasta ahora son dos imputados pero para uno se le dictó falta de mérito, que hemos apelado a la Cámara Federal y esperamos respuesta».
Contó Sabás que descubrieron «certificados de depresiones agudas que determinaban 86% de discapacidad, lo que no se condice con la realidad» y que, en varias pensiones «se presentaron las mismas radiografías».
«Hay mucha gente -creo yo- que no sabía que cometía un delito. Les decían: ‘Tenés una pensión que el Estado te da y tenés que presentar los papeles’. De todos modos, la principal persona implicada está detenida».
Esa persona es Norma Bravo, más conocida como «Mamá Norma», quien impulsaba la obtención de las pensiones. Actualmente cursa prisión domiciliaria.
El fiscal aclaró que los directivos del hospital Schestakow no están implicados ni tienen responsabilidades y describió que lo que sigue en la causa es que se resuelvan las apelaciones presentadas por algunos de los 33 imputados, determinar si se necesita producir nuevas pruebas y, recién entonces, elevar la causa a juicio.
De hallar culpables, las penas son de 2 a 6 años de prisión.
