La investigación por una presunta trama de grooming y abuso sexual descubierta en Villa María de Río Seco, Córdoba, podría sumar nuevas víctimas y detenidos. La causa comenzó a partir de la desaparición de una adolescente de 13 años y actualmente tiene a once personas detenidas.
La fiscal Analía Cepede explicó que la investigación se inició el 1° de julio, cuando la madre de la adolescente denunció que su hija no había regresado a su casa. El rastreo de su teléfono permitió establecer que estaba en Sumampa, Santiago del Estero.
La menor fue localizada con vida junto a otra adolescente en la vivienda de un hombre de 60 años. “Llegamos a un domicilio particular de un hombre mayor de 60 años”, relató Cepede.
La fiscal explicó que no podía detener al hombre debido a que se encontraba fuera de su jurisdicción y que la prioridad fue proteger a las adolescentes.
“Lo que hice fue velar por la integridad de las dos menores. Las retiré del domicilio y las trasladé a Córdoba, al Polo de la Mujer, para que sean abordadas médica y psicológicamente”, señaló.
El análisis posterior de los teléfonos celulares permitió descubrir contactos con otros adultos. Según la investigación, los primeros acercamientos se realizaban mediante medios digitales y posteriormente podían derivar en encuentros presenciales e intercambio de imágenes.
“Hoy a la fecha tenemos once detenidos, todos de Villa María de Río Seco, imputados por el delito de grooming y de abuso sexual con acceso carnal”, confirmó la fiscal.
Una cadena de contactos entre adultos
Cepede reveló además una característica que llamó la atención de los investigadores: “El 90% de los detenidos son remiseros o taxistas”.
De acuerdo con la reconstrucción judicial, su actividad les permitía trasladar a las menores y habría existido un circuito informal mediante el cual diferentes adultos compartían información sobre ellas.
La fiscal aclaró que, hasta el momento, no se considera que haya existido una organización criminal estructurada. “No hay un regenteo, no hay un proxenetismo. Es una contactación interpersonal entre ellos”, explicó.
“No hablamos de una organización delictiva, sino de una transmisión doméstica de la información sobre las menores”, agregó.
Las tres víctimas identificadas hasta ahora tienen entre 13 y 15 años. La Justicia investiga cuánto tiempo llevaba funcionando esta dinámica y si existen otras adolescentes afectadas que todavía no hayan sido detectadas.
Cepede describió como de “vulnerabilidad absoluta” el contexto de las menores. Según lo reconstruido, algunas habrían recibido contraprestaciones de escaso valor por encuentros o imágenes.
Otra investigación por los implantes anticonceptivos
Los controles médicos realizados a las adolescentes también derivaron en una pesquisa paralela. Dos de las menores tenían colocados implantes anticonceptivos: una desde hacía aproximadamente dos años y otra desde hacía unos seis meses.
La Justicia intenta determinar bajo qué circunstancias fueron colocados los dispositivos, quién autorizó los procedimientos y qué intervención tuvieron las familias y el sistema sanitario.
“Queremos saber por qué están autorizados y cuál es el protocolo para que una menor pueda presentarse y solicitarlo como método anticonceptivo”, explicó Cepede.
La investigación principal continúa con el análisis de los teléfonos secuestrados, las relaciones entre los adultos identificados y las declaraciones de las víctimas.
La fiscalía también deberá establecer si las tres adolescentes detectadas hasta ahora son las únicas afectadas. El expediente que comenzó con la búsqueda de una menor desaparecida terminó abriendo una investigación mucho más amplia sobre grooming, presuntos abusos sexuales y una cadena de contactos entre adultos.
