Más allá del gobierno porteño, había expectativas en Mendoza sobre la decisión que tomaría la Corte Suprema de Justicia respecto a la presencialidad de las clases. Sucede que en la provincia hay dos presentaciones hechas en los tribunales locales para que el Gobierno provincial adhiera al decreto presidencial que suspende la educación presencial en la zona de AMBA. Y la sentencia deja al menos una cuestión de importancia a favor de la decisión de Rodolfo Suarez de mantener este sistema.
Una de las fuentes consultadas en el Ejecutivo provincial señaló de manera escueta, todavía con el fallo en caliente, a poco de haberse publicado: «Concuerda con nuestra teoría«.
Desde el Ministerio de Gobierno, Víctor Ibañez valoró la sentencia y su impacto en las decisiones que ha ido tomando la Provincia durante la pandemia: «Lo trascendente es que Mendoza, en la práctica, en los hechos, ha interpretado los decretos respetando el sistema federal, las atribuciones concurrentes y el margen que le corresponde de sus atribuciones en esta materia. Y lo más importante es que lo hemos hecho sin judicializar la cuestión«, ponderó.
Ibañez consideró que «hemos dado solución a las cosas» sin necesidad de plantear judicialmente la autonomía de Mendoza para ejercer su potestad sobre las políticas educativas. Así, para el ministro de Gobierno «se sienta un precedente«.
«Implica plantear en el marco de la pandemia y aún en situación de emergencia, que la emergencia no alcanza para pasar por encima de atribuciones federales, pero respetando las facultades concurrentes», argumentó el funcionario.
A partir de ahora, con la última instancia cumplida en el máximo tribunal del país, lo que resta entonces será propio de las habilidades políticas de la Casa Rosada y las provincias. «Indudablemente, esto pone al Gobierno nacional en la necesidad de articular con todos los actores del sistema federal las decisiones que se van adoptando. Es una directriz que habla sobre el federalismo argentino», sostuvo Ibañez.
La afirmación explica la importancia que tenía la sentencia aunque los jugadores fueran otros, porque tiene resonancia en las provincias como Mendoza, que decidió mantener la presencialidad a pesar de las presiones del gremio de los trabajadores de la educación. Precisamente, dos entidades presentaron ante la Justicia distintos recursos para que Suarez ordenara ir a clases virtuales en función de los contagios. Uno es el SUTE, que presentó una acción preventiva legal. La otra es la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos, con una acción de amparo.
De esta manera, en el Gobierno entienden que si la Corte respalda la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires en su decisión de manenter la presencialidad de las clases, también fija ese criterio para el resto de las provincias, entre ellas, Mendoza. Y de la misma manera, consideraron que el AMBA no es una región «en términos constitucionales».
«Esto demuestra a las claras que el criterio del gobernador ha sido constitucionalmente adecuado«, concluyó Ibañez.
Previo a este fallo nacional, ya en el gobierno mendocino argumentaban ante las presentaciones locales que “no hay ninguna situación de gravedad institucional ni gravedad de salud general que amerite que un juez se inmiscuya en la facultad política de las decisiones”. En el Ejecutivo entienden que no hay suficiente cantidad de contagios en el ámbito escolar, así como no se observa una relación de causalidad entre la presencialidad y los casos detectados.
Así, en el fallo del Corte se concluye que tanto CABA como las provincias «pueden regular la apertura de las escuelas conforme con las disposiciones de la ley 26.206 y la resolución 387/21 del Consejo Federal de Educación, priorizando la apertura y la reanudación de las clases presenciales». Además recalcan que el «Estado Nacional solo puede regular el ejercicio del derecho a la educación de modo concurrente con las provincias».
La decisión de la gestión de Suarez de mantener las clases presenciales, en su interpretación del último decreto de necesidad y urgencia, provocó el malestar en la Casa Rosada. Y roces en el seno del Consejo Federal de Educación que encabeza el ministro Nicolás Trotta y del que participa el Director General de Escuelas, José Thomas. En ese ámbito, en una reunión ocurrida el domingo, Thomas defendió la presencialidad en Mendoza y le reprochó a Trotta que las decisiones en el Gobierno nacional se tomen sin conocer la realidad social y educativa de cada provincia.
Fuente: El Sol
