El caso Báez Sosa y la impunidad

El juicio contra ocho jóvenes por el homicidio de Fernando Báez Sosa (19), ocurrido hace tres años a la salida de un boliche en Villa Gesell, entró en su etapa decisiva con los alegatos de cierre de las partes, y se espera que entre el 31 de enero y los primeros días de febrero los jueces que entienden en la causa dicten sentencia.
En este mismo espacio ya hemos dejada plasmada nuestra opinión respecto a lo que fue un hecho ocurrido en el marco de la violenta sociedad argentina, pero el caso también podría servirnos para abordar otro aspecto que parece clave en quienes desarrollan una conducta que pudiera resultar dañosa para otros y, sin embargo, igual la llevan adelante.
La sensación de impunidad es una construcción que los argentinos hemos desarrollado con los años y que muchos utilizan para cometer hechos ilegales en la convicción de que “no pasa nada”. Es emergente de una regla no escrita que se aplica en nuestro país desde hace décadas: quien comete un delito, si tiene los suficientes contactos como para influir en quienes deben impartir justicia o logra evadir las muchas veces ineficientes tareas de investigación, estará a salvo de cualquier tipo de responsabilidad penal. Ello se puede aplicar tanto a casos de corrupción en las más altas esferas dirigenciales como en los delitos de más bajo rango, pasando incluso por los homicidios. Aquí, muchos confían en que el sistema que debe aplicar una sanción a quienes incumplen la ley en algún punto va a fallar o podrá ser burlado y hasta corrompido. Y, demasiadas veces, la realidad les da la razón.
Con cada muestra de impunidad ante delitos más que evidentes, se avanza sin prisa y sin pausa hacia el desencanto de la sociedad y hacia su disolución. En ese marco, la estricta observancia de las leyes se reemplaza por la informalidad, la premisa del «hago la mía» o, lo que es aún peor, la del «todos contra todos».
Para abandonar esta penosa coyuntura, la tarea vuelve a ser compartida: la sociedad civil respetando la ley y a sus pares, y el Estado siendo cada vez más eficaz y justo con quienes respetan la idea comunitaria y con quienes no, dando a cada uno lo suyo.