El anuncio del presidente Milei, envalentonado por el resultado del domingo, sobre una nueva y profunda reforma laboral vuelve a encender un temor atávico en gran parte del pueblo trabajador argentino. Es un miedo que no surge de la nada, sino de la memoria histórica: cada vez que en el país se habla de «flexibilización» o «modernización» laboral, la experiencia ha demostrado que el resultado real es la pérdida de derechos y la precarización del empleo.
La propuesta actual, que retoma ejes del fallido DNU 70/2023 y la Ley Bases, pone sobre la mesa puntos sensibles: la ampliación de la jornada laboral a hasta 12 horas, el fraccionamiento de las vacaciones, la posibilidad de pagar parte del salario con tickets o vales, y el reemplazo del actual sistema indemnizatorio por un fondo de cese laboral.
Este no es un debate nuevo. Tras las conquistas de mediados del siglo pasado, en los años noventa, bajo el paraguas del neoliberalismo menemista, se implementaron leyes que el imaginario popular bautizó como los «contratos basura». El resultado de aquella flexibilización fue el contrario al prometido: si bien se facilitó la contratación temporal y se redujeron los costos empresariales, la desocupación y la informalidad crecieron, creando un mercado laboral dual y vulnerable.
Hoy, el argumento oficial es que la legislación actual es demasiado rígida y fomenta la informalidad. Aquí reside el conflicto central: para el Gobierno, la reforma es el camino hacia la creación de empleo al reducir el «costo» y la «litigiosidad» del despido. Para el trabajador, es una transferencia de riesgos del empleador al empleado.
La reforma no puede ser un eufemismo para el desguace. El desafío del Gobierno no es solo lograr la aprobación de la ley, sino garantizar que la ansiada reducción de la informalidad no se logre mediante la masiva precarización del empleo formal, creando un mercado laboral donde los derechos pasen a ser una excepción y el temor, la regla.
