Este lunes el Gobierno nacional publicó el decreto 405 que reglamenta la Ley que regula la industria del Cáñamo y del Cannabis. A nivel país se espera que genere al menos 10 mil puestos de trabajo, mientras que en el Gobierno de Mendoza se aprobó una norma, pero esperan con cautela conocer la letra chica de la instrumentación.
La norma provincial, Nº9.268, es la que regula a un incipiente sector de la economía, pero los productores no avanzaban con proyectos debido a lo exigente de la normativa. Por otro lado, se aguardaba principalmente que Nación definiera cómo se implementaría, lo que atrasaba a los proyectos en cajón.
La norma nacional fue sancionada en mayo de 2022 y tiene por objeto establecer la cadena de producción y comercialización local o con fines de exportación de la planta, sus semillas y sus productos derivados afectados al uso medicinal, incluyendo la investigación científica, y al uso industrial.
El subsecretario de Agricultura y Ganadería de Mendoza, Sergio Moralejo, señaló que aún no tienen novedades en cuanto a los detalles de la reglamentación y esperarán la letra chica de la norma para analizar los pasos a seguir.
“Hasta que no sepamos que va a decir en concreto la reglamentación, no podremos analizar que modificaciones hay que hacerle a la Ley provincial para adaptarla, si es que hay que hacerle algunas“, señaló Moralejo.
Por otra parte, se expresó en relación con críticas que realizaron los productores a la ley provincial por lo estricto de la misma. “Si bien es una industria que apunta a lo medicinal, principalmente, se entiende que si no hay un control muy fuerte, se puede utilizar la producción para el mercado ilegal. El protocolo de seguridad en la provincia lo realizó el Ministerio de Seguridad“.
En este sentido coincidió el legislador provincial Jose María Sanz, quien explicó que esperan a tener la normativa para conocer los alcances de la misma.
En tanto, el presidente de la Cámara de Empresarios de Cannabis, Roberto Corica, celebró la noticia y aseguró que es lo que el sector esperaba para avanzar con la inversión.
“Estamos muy contentos, nadie quería avanzar realmente con la producción hasta que no se conociera la letra chica de la reglamentación”, explicó el empresario.
Además, estimó que la producción, desde la plantación en viveros, hasta el producto final, genera aproximadamente 16 puestos de trabajo. “De los 10 mil que estiman a nivel nacional que se generarán, el 20% estarían en la provincia”.
Los productores mendocinos manejaban un borrador de la reglamentación de la ley, que indica el porcentaje de compuesto psicoactivo, como también la composición de la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (Arricame).
El marco regulatorio considera como “cannabis psicoactivo” a aquellas plantas con flores secas que tengan en su composición química más del 1% de tetrahidrocannabinol (THC). Es decir que de ahora en adelante será legal la fabricación de productos a base de la sustancia con hasta este porcentaje de psicoactivo.
En tanto, el Arricame tendrá un Consejo Consultivo Honorario que estará integrado por veintiun miembros, dónde el 50% deberán ser mujeres o del colectivo trans. Este organismo incluye a la comunidad científica y a representantes de las regiones del país.
Además, este organismo sería el único habilitado en el país para otorgar permisos a los proyectos que se presenten, como así también quien se encargue de establecer las multas y penas a quienes incumplan en reglamento.
En Mendoza, la Ley 9.268 fue reglamentada en marzo del 2021, siendo pionera en Argentina. La autoridad de control es la Unidad de Control de Cannabis, la cual se encuentra bajo la órbita del Ministerio de Economía y Energía.
Esta unidad cuenta con facultades resolutivas y capacidad de dictar protocolos, instructivos y normas de actuación obligatorias. Además, es el Ministerio de Economía y Energía quien está a cargo de determinar los protocolos y manuales de procedimiento para mantener la trazabilidad y el control de los puntos críticos en la cadena de valor: desde la importación de semillas hasta el destino final de la producción, con el objetivo de asegurar la calidad de los procesos y la salud de las personas.
A fines del 2022 la Provincia avanzó en la creación de un laboratorio con el fin de fiscalizar la producción de cannabis garantizando la seguridad del producto, el cual está ubicado en las instalaciones de la bioplanta del Iscamen en Santa Rosa.
Fuente: El Sol
