Con la constitución formal de las autoridades para el nuevo período legislativo, la Comisión Bicameral de Seguridad de la Legislatura de Mendoza quedó bajo la presidencia del diputado provincial sanrafaelino Germán Gómez (PJ). Se trata de un órgano de control previsto por ley, integrado por 17 legisladores de ambas cámaras y cuya conducción recae anualmente en manos de la oposición. En diálogo con FM Vos 94.5, el parlamentario sureño —quien ya había encabezado este espacio años atrás— trazó los ejes de trabajo que guiarán la agenda legislativa en materia de prevención, abordó la problemática del narcomenudeo y los delitos en zonas rurales, y fijó una postura crítica frente al conflictivo proyecto del Ejecutivo provincial para emplazar un nuevo establecimiento penitenciario en el distrito de El Cerrito, San Rafael.
Naturaleza y alcance de la Comisión Bicameral: auditoría, tecnología y diagnóstico provincial
El titular del espacio legislativo destacó el valor institucional de la Bicameral, subrayando que Mendoza mantiene un mecanismo de control parlamentario permanente sobre la política de seguridad pública que no existe en otras jurisdicciones del país. «La Bicameral de Seguridad es una comisión creada por ley donde participan tanto diputados como senadores de la Legislatura de la Provincia de Mendoza. Las presidencias duran un año. Un período le corresponde a Diputados y otro a Senadores, y en esta oportunidad le toca a la Cámara de Diputados. Siempre la preside un legislador de la oposición. Básicamente, tiene como finalidad auditar, controlar y verificar a todos aquellos organismos estatales, en primer lugar lo que hace el Ministerio de Seguridad, pero también tiene la injerencia para solicitar la invitación o concurrencia de personas u órganos que por su actividad específica tienen vinculación con la seguridad pública», explicó Germán Gómez al inicio de la charla.
«Verificamos el funcionamiento de nuevas tecnologías y de institutos ya creados cuya existencia está vigente. Además, tenemos la obligación legal de elaborar un informe anual de cómo la comisión en su conjunto percibe la seguridad pública de Mendoza. Es una función muy importante que remarca la ley y que resulta sumamente positiva; otras provincias no cuentan con esta comisión. Mendoza nunca dejó de hacerla funcionar y siempre ha tenido un rol institucional de gran relevancia», destacó.
Ejes de la agenda legislativa: narcomenudeo, delito rural y realidades territoriales disímiles
En relación con el plan de trabajo para el período, Gómez anticipó que se realizarán recorridas de inspección en unidades penitenciarias tanto del Gran Mendoza como del sur provincial, y remarcó la necesidad de aplicar abordajes diferenciados según la geografía del delito. «Es una comisión muy numerosa, con 17 miembros. En mi gestión anterior hicimos un recorrido importante por distintas instituciones como el sistema penitenciario y la cárcel de Almafuerte. Este año la idea es volver a trabajar sobre esos institutos, tanto en la zona del gran Mendoza como en la zona Sur. Hay muchísimos temas por mejorar y corregir; nosotros actuamos como auditores de la política pública del Gobierno y entiendo que hay que profundizar líneas de acción para resolver situaciones con fuerte incidencia en la sociedad», declaró Gómez.
«Entre los temas centrales están el narcomenudeo, los robos y la aplicación de políticas diferenciadas según el territorio. Hay una diferencia enorme entre las medidas de seguridad que se deben aplicar en zonas más alejadas o agrícolas y las que requieren los departamentos del Gran Mendoza, donde la seguridad pública es una cuestión esencial y elemental. Hay una agenda amplia sobre la cual vamos a trabajar intensamente», anticipó.
El debate por el penal en El Cerrito: objeciones técnicas, impacto ambiental y la alternativa territorial
Uno de los puntos que mayor tensión tiene en la agenda del sur mendocino es el proyecto del gobierno provincial para construir un establecimiento carcelario en el distrito de El Cerrito iniciativa cuestionada por la Municipalidad de San Rafael y vecinos por falta de estudios de impacto ambiental y servicios básicos. «En lo personal creo que El Cerrito no es el lugar adecuado. Hoy los criterios y la tendencia a nivel internacional marcan otros parámetros para emplazar un establecimiento penitenciario. Ha habido quejas y requisitos técnicos que no fueron reunidos en su momento; entiendo que esta situación debe manejarse de otra forma y la obra tendría que ejecutarse en otro sitio, no en ese distrito. Es una cuestión que está en discusión y la Municipalidad de San Rafael está trabajando con el gobierno provincial para buscar una salida», aseguró el diputado.
«Hacer una inversión sin valorar el impacto futuro que tendrá —no solo al momento de terminar la obra sino en el progreso de los servicios— es un error. Este tipo de proyectos requiere discusiones profundas, consensos y reunir requisitos técnicos esenciales para que la política de Estado perdure. De lo contrario, en 5 o 10 años tendremos problemáticas mucho más serias. Durante la revisión del expediente observamos que no se estarían cumpliendo condiciones elementales de comunicación, vías de ingreso y egreso, provisión de agua y saneamiento cloacal que sí se tuvieron en cuenta, por ejemplo, cuando se construyó el complejo Almafuerte», comparó.
Política carcelaria, inversión estatal y estándares internacionales de reincorporación social
Finalmente, el legislador sanrafaelino reflexionó sobre la situación general del sistema penitenciario en la provincia. Aunque valoró el volumen de infraestructura ejecutado por las últimas administraciones, advirtió sobre la deuda pendiente en materia de educación y resocialización para evitar la reincidencia. «Es necesario mejorar los establecimientos penitenciarios. De hecho, desde la comisión vamos a organizar una visita a las dependencias de San Rafael para evaluar la situación de las personas privadas de la libertad. Las cárceles deben reunir ciertas condiciones y, si bien la provincia de Mendoza ha registrado una mejora importante mediante inversiones muy significativas que reconozco como oposición, todavía no logra alcanzar ciertos lineamientos internacionales», observó.
«Si como Estado nos limitamos a tener establecimientos que solo privan de la libertad y encierran, sin generar un proceso educativo real y de reinserción para las personas condenadas, estamos haciendo muy poco para mejorar la seguridad pública. Los países que han logrado bajar sus índices delictivos trabajaron intensamente sobre el sistema carcelario. Es un camino que requiere mucha inversión y trabajo constante, y pretendemos que la provincia mantenga esa senda de política de Estado», completó.
