El Bloque Justicialista de la Cámara de Diputados de Mendoza ratificó sus cuestionamientos hacia la decisión del Poder Ejecutivo provincial de prorrogar, mediante decreto y sin convocar a un nuevo proceso de licitación pública, el servicio de provisión de alimentos para el sistema penitenciario. La contratación, que alcanza la suma anual de 32.350 millones de pesos e involucra el suministro de cerca de cuatro millones de raciones alimentarias tanto para los internos como para el personal de custodia, fue calificada por estos legisladors como una medida que impide la libre competencia. En diálogo con FM Vos 94.5, el diputado Germán Gómez, presidente del bloque del justicialismo y presidente de la Comisión Bicameral de Seguridad, denunció la falta de respuestas a los pedidos de informes y adelantó que exigirán explicaciones a las autoridades del Ministerio de Seguridad durante una inspección oficial programada para este mes.
Objeciones del bloque opositor a la prórroga
En medio de la entrevista, Gómez detalló que las objeciones hacia la firma adjudicataria no son nuevas, recordando que el bloque del PJ ya había cuestionado el proceso original de selección llevado a cabo casi dos años atrás. «En primer lugar, nosotros ya en su momento cuestionamos hace prácticamente casi dos años el proceso de licitación por el cual se selecciona esta empresa, la cual ha proveído las viandas que alimentan no solo a los detenidos en los distintos penales de la provincia de Mendoza, sino también al personal del Servicio Penitenciario», comentó.
«El eje central de nuestro reclamo apunta a esclarecer por qué el Poder Ejecutivo no convocó a una nueva licitación pública y optó por extender de forma arbitraria, mediante decreto, un contrato de casi 32.000 millones de pesos destinado a la provisión de cerca de cuatro millones de raciones alimentarias», apuntó.
«Lo lógico debería haber sido llamar a un nuevo proceso de licitación con el tiempo necesario e indispensable para que puedan participar otros oferentes provinciales y nacionales que tal vez —o no, porque no lo sabemos— puedan ofrecer el mismo servicio o un servicio mejor a un costo más bajo», opinó.
Falta de respuestas oficiales y costos por vianda
Al ser consultado sobre las justificaciones brindadas por la administración provincial, el parlamentario subrayó que el oficialismo ha mantenido un hermetismo constante respecto a las razones del decreto. «Nos enteramos por los diarios de que la provincia prorrogó el contrato. Lo que debería haberse hecho en una lógica jurídica es haber llamado a un nuevo proceso licitatorio con tiempo e invitar a nuevos oferentes a que participen», aseveró.
«El oficialismo nunca ofreció una explicación concreta; en su momento presentamos un pedido de informes que ni siquiera llegó a debatirse en el recinto, ya que decidieron enviarlo a comisiones para dejarlo archivado», expresó.
«Entendemos que hay una cierta preferencia que no debe existir en relación a esta empresa, a la que ya cuestionamos en su momento porque, habiendo quedado fuera del concurso, terminó prácticamente en una especie de contratación directa que luego culmina con esta prórroga por parte del Ejecutivo», manifestó.
«No nos cierra ni por casualidad el valor del costo de cada vianda expresado por la ministra en un medio de comunicación al hacer el cálculo sobre los 32.000 millones de pesos y los 4 millones de viandas en juego; son contradicciones sobre las que exigimos explicaciones», declaró.
La vía parlamentaria y el emplazamiento en la Comisión Bicameral de Seguridad
Ante la falta de tratamiento de los mecanismos parlamentarios habituales, Gómez anunció que la vía de reclamo se trasladará de forma directa a la gestión institucional en el terreno. En su carácter de presidente de la Comisión Bicameral de Seguridad, confirmó que el cuerpo de legisladores realizará una visita oficial al Ministerio de Seguridad el próximo 26 de este mes, instancia en la cual la provisión y los costos de las raciones alimentarias en los centros de detención serán situados como un eje prioritario de la agenda de requerimientos. «Hemos presentado un nuevo pedido de informe a los efectos de que sea tratado y, si no se da cumplimiento al mismo, nosotros tenemos una visita fijada al Ministerio de Seguridad el día 26 de este mes, donde formularemos toda una serie de requerimientos para que nos brinden la información respectiva», advirtió.
«Buscamos esclarecer las razones detrás de esta medida, haciéndonos eco del reclamo de transparencia de cualquier ciudadano. Por ello, exigiremos respuestas formales durante la visita de la Comisión Bicameral al Ministerio de Seguridad, donde la provisión de las raciones alimentarias será uno de los ejes centrales de la agenda», enfatizó al cierre de la charla.
