Un exhaustivo análisis sobre la arquitectura fiscal argentina, el dinamismo de los medios de pago y el comportamiento de las finanzas públicas puso en foco la reciente decisión del gobierno nacional de cerrar una vía de compensación bursátil que permitía a las empresas abonar a sus proveedores mediante cheques sin quedar sujetas al Impuesto a los Créditos y Débitos Bancarios. Paralelamente, el debate por las proyecciones macroeconómicas presentadas en el proyecto del Presupuesto 2027 en el Congreso de la Nación reabrió la discusión sobre la estabilidad monetaria, la previsibilidad para la inversión privada y la inercia cultural del ciudadano frente a la inflación. En diálogo con FM Vos (94.5), el tributarista, contador público y abogado Guillermo Poch desglosó el impacto de la marcha atrás oficial, la contradicción de penalizar la formalidad financiera, la urgencia de reestructurar gravámenes distorsivos con un cuarto de siglo de vigencia y las perspectivas de cumplimiento de las pautas presupuestarias.
La marcha atrás bursátil, la naturaleza del tributo y la paradoja de la formalización
Al comienzo de la entrevista, Poch detalló la mecánica mediante la cual las compañías utilizaban la regulación de la Comisión Nacional de Valores (CNV) para cancelar obligaciones operativas sin afrontar la alícuota del impuesto al cheque, y criticó la falta de coherencia del sistema tributario al castigar la bancarización. «Para que la gente comprenda el contexto, existe un impuesto al cheque o a los créditos y débitos bancarios que grava las transferencias y movimientos de fondos en cuentas bancarias y billeteras electrónicas con una alícuota aproximada del 1,2%, permitiendo que solo una parte sea computable a cuenta del Impuesto a las Ganancias según el tamaño de la compañía. Mediante una modificación inicial que tuvo la Comisión Nacional de Valores, se permitía la emisión y transferencia de cheques en el ámbito bursátil para cancelar obligaciones con proveedores sin terminar tributando el impuesto al mover los fondos. Lo que sucedió esta semana fue la emisión de una norma por parte del gobierno que dio marcha atrás con esa regulación e impidió continuar con esa entrega de cheques, restituyendo la obligación impositiva», explicó.
«Soy profundamente crítico del impuesto al cheque. No resulta razonable que en un país donde se intenta formalizar las operaciones a través del sistema bancario y de las billeteras electrónicas para dotarlas de trazabilidad y garantizar el correcto pago de los tributos, el Estado aparezca aplicando una penalidad impositiva a esa misma bancarización. Se debe mantener una congruencia en el sistema tributario: a la operación no formalizada hay que penalizarla, mientras que a la transacción transparente que le permite al fisco seguir la ruta del dinero se la debería premiar en lugar de gravar», opinó.
«El impuesto al cheque padece de una evidente falta de coherencia tributaria, similar a lo que ocurre con el impuesto de sellos. Hay que entender que es un gravamen de muy fácil y rápida recaudación para el fisco, porque los bancos actúan como agentes de retención y cobran la alícuota sin que el Estado deba realizar un esfuerzo de fiscalización. Sin embargo, este tributo fue creado hace veinticinco años en un contexto de emergencia y continúa vigente; durante todo este cuarto de siglo nos hemos equivocado al no articular una alternativa para salir gradualmente de este gravamen que resulta único en el mundo», enfatizó.
Presupuesto 2027, coherencia macroeconómica y el desafío cultural de la estabilidad
Respecto a la pauta presupuestaria para el año 2027 enviada por el Poder Ejecutivo al Congreso, el especialista destacó que si bien las proyecciones muestran una mayor razonabilidad técnica que en períodos anteriores, el principal desafío radicará en romper la inercia inflacionaria asentada en la conducta social. «Un presupuesto económico intenta fijar una expectativa y establecer un norte de navegación para el país. Luego pueden aparecer inclemencias o imprevistos internacionales que obligan a capear la tormenta, pero el rumbo debe estar definido. Al analizar las pautas fijadas para el próximo año en materia de inflación —en el orden del 18%—, un crecimiento del PBI estimado entre el 3% y el 4%, y una cotización del dólar convergente con el nivel general de precios cerrando cerca de los $1.800, se advierte una coherencia sustancialmente mayor a la de presupuestos anteriores, donde se proyectaban metas inalcanzables que desbarajustaban en cascada a las provincias y municipios», observó el especialista.
«La gran incógnita que históricamente presenta la Argentina es si las pautas presupuestarias se van a cumplir o no. Como nación y como cultura económica nos cuesta mantener la conducta de seguimiento de metas. Sin embargo, contar con números presupuestarios razonables y cumplibles es una condición fundamental para generar previsibilidad, otorgarles bases fijas a las proyecciones de las empresas locales y atraer inversiones internacionales», subrayó.
«Existe además un desafío cultural profundo en la sociedad argentina frente a la estabilidad. Tras décadas de distorsión monetaria, al ciudadano o al asalariado común le resulta complejo asimilar un escenario donde el primer mes del año va a percibir en términos nominales un monto similar al del último mes. Estamos tan acostumbrados a la inflación y a reclamar aumentos constantes que la estabilidad nos pone incómodos; debemos reaprender a movernos en un contexto de certezas económicas y previsibilidad de largo plazo», determinó con certeza al cierre de la conversación que mantuvo con nuestro medio de comunicación.
