Las estadísticas oficiales revelan que en la Argentina la tasa de pobreza afecta al 56,3 por ciento de los niños y niñas de hasta 14 años, mientras que es del 49,6 por ciento en los jóvenes de entre 15 y 29 años.
Ante el tratamiento del proyecto de ley de Presupuesto 2021 en el Congreso, la representante de Unicef Argentina, Luisa Brumana, publicó una columna donde hizo hincapié en la necesidad de mejorar el aporte estatal en la situación de niños, niñas y adolescentes.
“La Convención sobre los Derechos del Niño establece que los gobiernos deben asegurar en sus decisiones que siempre prevalezca la mejor opción posible para la niñez. En su artículo 4 insta a los Estados a asignar ‘hasta el máximo de los recursos de que dispongan’ para garantizar el goce de derechos de las niñas y niños”, señaló Brumana. “Además –indicó– en la Observación General N° 19 de 2016, el Comité de los Derechos del Niño enfatiza que, en tiempos de crisis económica, los gobiernos no deben adoptar medidas regresivas que pongan en riesgo a la infancia”.
Sin embargo, a más de 30 años de la firma de la Convención, casi 6 de cada 10 niñas y niños argentinos viven en situación de pobreza. Los desafíos planteados por la pandemia de Covid-19 exacerban estas desigualdades, en un contexto de dificultades fiscales que requieren sostener políticas expansivas que protejan a los grupos más vulnerables.
Asegurar el cumplimiento de los derechos de las niñas, niños y adolescentes no es solo una responsabilidad ética y legal, sino también política y económica. Los tomadores de decisiones deben considerar el interés superior de las niñas y niños a la hora de definir las políticas económicas y sociales y de asignar y distribuir los recursos. En el marco de la crisis económica y de los elevados niveles de pobreza que afectan a la niñez, es urgente redoblar los esfuerzos en favor de la infancia. La realidad muestra que para tener un futuro es necesario cimentar el presente y, para ello, hacen falta más recursos y medidas en consonancia.
