Tras el pedido de la vicepresidenta a la Corte Suprema para que defina si una sesión por teleconferencia es válida en el marco de las restricciones por la pandemia del COVID-19, los jefes del principal interbloque opositor en el Senado manifestaron su rechazo y pidieron sesionar tomando los recaudos correspondientes.
Con la firma de Luis Naidenoff, de la UCR, y Humberto Schiavoni, del PRO, y tras enterarse por los medios y por el escrito de 30 páginas que CFK subió a la web del Senado, le enviaron hoy una carta. “Habiendo tomado conocimiento de su presentación por ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación (“CSJN”), solicitando una acción declarativa de certeza –publicada en la página web del Senado de la Nación–, consideramos pertinente manifestarle de manera fehaciente nuestro desacuerdo con dicha gestión”, reclamaron los senadores.
En primer lugar, cuestionaron la fundamentación con respecto a la gravedad institucional que hizo la vicepresidenta a través de los abogados Graciana Peñafort y Esteban Lopardo: “Nos vemos en la obligación de manifestar que es opinión unánime de este interbloque que no existe tal gravedad institucional, en ninguna de las acepciones del término”, consideraron en referencia a que ya hay actividad por teleconferencia y a que, además, algunos legisladores, incluso del partidos provinciales, ofrecieron viajar a Buenos Aires y tener una sesión presencial y no en forma remota. De hecho, para esta tarde los gobernadores fueron convocados a la residencia presidencial de Olivos por Alberto Fernández.
«No se verifican en la realidad circunstancias objetivas que permitan afirmar que el Congreso se encuentra imposibilitado de funcionar. En consecuencia, no es posible compartir la afirmación que usted hace en su escrito judicial en cuanto sostiene que el Senado de la Nación no puede sesionar de modo presencial”, le reprocharon.
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En la línea de algunas consideraciones públicas que hicieron legisladores de la oposición, le manifestaron que tanto el personal de la salud como de seguridad o los empleados de los supermercados, entre muchos otros, continúan asistiendo a sus lugares de trabajo y cumpliendo sus respectivas tareas. «No vemos que exista ningún impedimento cierto, real y objetivo para que este Honorable Senado de la Nación siga funcionando, es más, consideramos un deber cívico elemental, que quienes somos servidores públicos, representantes en este caso de nuestras provincias, demos el ejemplo en este momento crítico de nuestra historia nacional”, concluyeron.
Por otra parte consideraron “imprescindible” que se debata en el Parlamento y “maduren los consensos políticos que la gravedad de la situación requiere”.
En segundo lugar cuestionaron la acción judicial que “resulta institucionalmente improcedente” con el argumento de que es la propia Cámara la que tiene la facultad “exclusiva” de dictar su propio reglamento “conforme lo dispone el artículo 66 de nuestra Constitución Nacional”.
Y puntualizaron que “tampoco puede admitirse que se deje supeditada la actividad del Congreso a una hipotética resolución judicial, que es un precedente que no podemos convalidar. Ello así, no solo en defensa de la independencia del Poder Legislativo, sino que también y especialmente, en defensa de la independencia del Poder Judicial que, de intervenir en el asunto, lo haría en clara violación de su ámbito de competencia institucional, con las posibles consecuencias que de ello podrían derivarse en el futuro”.
Finalmente, respecto a la posibilidad de sesionar de manera “virtual” por medio de plataformas electrónicas a distancia, destacaron las últimas reuniones mantenidas por esa vía en ambas cámaras. En Diputados con la presencia a distancia de Elizabeth Gómez Alcorta, ministra de Mujeres y Diversidad, ya serán diez los ministros que habrán expuesto por esa modalidad. Y en el Senado, donde ayer expuso durante tres horas Ginés González García, ya hubo tres encuentros de este tipo, en comisión.
Tras reiterar que “cualquier modificación del Reglamento del Honorable Senado de la Nación, deberá efectuarse conforme a las normas vigentes, para lo que no vemos imposibilidad de sesionar de manera presencial con los recaudos del caso” le solicitaron que convoque a una reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria entre los distintos jefes de bloques para acordar qué proyectos presentados se debatirían en el recinto.
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Esta semana Cristina Fernández de Kirchner presentó un escrito ante la Corte Suprema de Justicia para que los jueces definan la validez de sesiones vía teleconferencia. En un texto de 30 páginas justificó el planteo haciendo referencia al “marco excepcionalísimo del actual estado de emergencia desencadenado por la pandemia» y le solicitó al máximo tribunal que «despeje el estado de incertidumbre respecto a la validez legal de sesionar mediante medios virtuales o remotos”.
El texto, elaborado por Graciana Peñafort y Esteban Lopardo, alude a la aplicación del artículo 30 del Reglamento del la Cámara de Senadores de la Nación, el cual indica que “los senadores constituyen Cámara en la sala de sus sesiones y para los objetos de su mandato, salvo en casos de gravedad institucional». Y se preguntó si es constitucionalmente posible esa forma de sesión.
