El jueves pasado, la Universidad Católica Argentina (UCA) informó que en nuestro país el 34,9% de los hogares y el 44,2% de las personas se encuentran por debajo de la línea de la pobreza al cierre del tercer trimestre del año, por encima del 32,1% y 40,8% registrado en igual período de 2019. Y otro dato tremendo: 64,1% de los menores de 18 años vive en hogares donde el dinero que ingresa no le alcanza a la familia para procurarse un conjunto básico de servicios y bienes materiales.
El informe dejó a la claras, a la vez, que la irrupción de la pandemia de covid-19 ha sido una instancia fatal para el crecimiento de los desfavorables guarismos. Asimismo, el director del Observatorio Social de la UCA, Agustín Salvia, aseguró al dar a conocer el trabajo que “sin la Asignación Universal por Hijo (AUH), el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), la Tarjeta Alimentar y el resto de las ayudas sociales estatales, la indigencia hubiera sido el doble y la pobreza hubiese trepado al 53%“.
Horas después de conocidas las cifras, el ministro de Desarrollo Social de la Nación, Daniel Arroyo, ratificó que el Gobierno nacional inyectará 63 mil millones de pesos este mes para “sostener la situación de los más vulnerables” y explicó que esos fondos estarán destinados a financiar el consumo de alimentos y a la puesta en marcha de unidades de producción de la economía social para “motorizar la economía del país desde abajo hacia arriba“. Finalmente, reafirmó el objetivo del Gobierno es “crear 300.000 puestos de trabajo” en el 2021 y avanzar con la urbanización de 400 barrios populares por año.
El tejido social argentino, castigado desde hace muchos años, ha tenido en este 2020 de pandemia otro golpe sensibilizador. La principal deuda de nuestra comunidad sigue estando para con quienes sufren este fenómeno, e intentar curar esa lacerante llaga deberá seguir siendo el objetivo central de nuestros dirigentes desde ahora y cuando la “nueva normalidad” después de la crisis del coronavirus esté entre nosotros.
