La pandemia de Covid-19 y las cuarentenas que han dispuesto la inmensa mayoría de los países del mundo para intentar frenar su avance transitan -a más de siete meses de su aparición- por momentos donde las autoridades deciden sus acciones de acuerdo a múltiples parámetros. Así, al parecer, ya no es solo la situación sanitaria de cada jurisdicción la que determina aperturas o cierres en la movilidad social, sino que ahora el aspecto psicológico y, sobre todo, económico de cada comunidad se tornan fundamentales para adoptar medidas en uno u otro sentido.
Esta semana, el Gobierno de Mendoza anunció una serie de flexibilizaciones en la cuarentena provincial, rehabilitando las reuniones familiares y dejando de lado el cronograma de números de documentos para las salidas durante los fines de semana. La decisión sorprendió puesto que el sistema sanitario mendocino no se encuentra en un momento cómodo ni mucho menos.
Sin embargo, lo que más llamó la atención de la ciudadanía mendocina fue que el viernes, en el marco de los anuncios que realizó el presidente Alberto Fernández respecto a la nueva fase de la cuarentena nacional hizo referencia a que habrá endurecimiento en la movilidad social en 18 provincias, entre ellas Mendoza. Si bien aún no se sabe cómo se implementará la medida, los anuncios de Suarez y Fernández fueron a todas luces opuestos.
Cada uno de los mandatarios, en la medida de sus prerrogativas, decide qué hacer en esta situación inédita que es una pandemia. No obstante, lo que deberían tener en cuenta esos dirigentes (todos) es que la ciudadanía recibe estos mensajes contradictorios con una mezcla de sorpresa y preocupación ya que hasta aquí estimábamos que nuestros representantes trabajaban mancomunada, desinteresadamente y con comunicación fluida frente a este enemigo común. Los hechos parecen demostrar lo contrario. ¿Quién tiene razón? Solo el tiempo lo dirá. En el medio, el ciudadano común, que sigue lidiando con una situación angustiante y con medidas oficiales ambiguas.
