La Provincia aclaró que multó a grandes industriales frutícolas de Mendoza por incumplir la ley que protege a los productores

Los industriales frutícolas de Mendoza están recibiendo multas muy elevadas por incumplimientos a la Ley 9331. La misma se sancionó en el 2018 cuando se creó el Registro de Contratos para la Comercialización de Productos Agrícolas.
Muchos de los afectados aseguran que la normativa no considera la realidad del funcionamiento del sector, ya que exige que los contratos se presenten el 30 de abril cuando muchas de las empresas frutícolas trabajan fuertemente durante los meses de mayo y junio.
Ante este grave problema que se suscitó, FM Vos 94.5 entrevistó a José Ricardo Cortez, titular de Fiscalización y Control, para que explique los motivos de estas sanciones.
«La ley que regula el Registro de Contratos para la Comercialización de Productos Agrícolas es una ley provincial que se conoce como la 9331. Se aprobó en el año 2018 y se aplicó por primera vez con la cosecha de uva del 2019. En el 2020 se fueron incorporando otros productos agrícolas, como el tomate y el durazno. En la actualidad también se aplica a la pera, la manzana, el durazno, la aceituna, el ajo, la cereza y la ciruela. Esta ley en algunos casos ya cubrió cinco cosechas, hace varios años que se aplican estas multas. La misma es única y está fijada por la mencionada ley, se trata del 5 % del monto total de los contratos que están en infracción», explicó al inicio del reportaje José Cortez.
«La ley obliga a todos los industriales que tienen base agrícola, a registrar los contratos de compra de las materias primas. Esta normativa nació para proteger a los productores, pero a veces suele ocurrir que hay distintos incumplimientos. A veces, los contratos no se registran o las empresas lo hacen fuera de los términos establecidos. El límite administrativo impuesto por la normativa es posterior a la época de cosecha; en el caso del durazno, la pera, el tomate y la manzana es el 30 de mayo. Esto se determinó con el asesoramiento técnico del IDR (Instituto de Desarrollo Rural), por lo tanto, no hay posibilidades de que se esté cosechando. Lo que pasa es que algunos contratos son inscriptos después de esa fecha», amplió.
En ese mismo sentido, se refirió a la denuncia puntual que hizo la pulpera Fénix S.A. Fruit Purees de General Alvear, la cual adujo que recibió una multa de 30 millones de pesos por contratos presentados fuera de término el año pasado. «Desconozco cuál será la postura de la empresa Fénix, pero lo primero que quiero aclarar es que no hay otras empresas con multas de 100 millones de pesos, tal como dijeron desde la pulpera alvearense. Eso es mentira, en tal caso, la sumatoria de varias penalizaciones alcanza esa suma. La multa más alta la recibió un grupo económico muy importante y no tan vinculado al sur mendocino. Si alguien cometió varias infracciones y el total de las multas alcanzan los 100 millones es culpa de la empresa por reiterados incumplimientos”, argumentó Cortez.
«Los controles se hacen en base a las declaraciones juradas que realizan las propias empresas. Son ellos mismos quienes la presentan todos los meses e indican cuál ha sido el ingreso de materia prima. Esto último está regido por otra ley provincial que fue aprobada en el año 1934. La información la brinda la empresa y en base a eso se hace una visita del personal de inspección, que verifica los libros de fábrica. Luego, cuando llega el plazo límite para la registración de contrato, se chequea que la materia prima que no es propia y que no puede ser justificada por un RUT (Registro Único Tributario) esté debidamente acreditada en un contrato. Así es como funciona, esa empresa en particular (en referencia a la pulpera Fénix S.A. Fruit Purees) había ingresado hasta la fecha límite, que fue el 30 de abril del 2022, 30 millones de kilos. Ha sido infraccionada por 26 millones de kilos. Ellos argumentan que la materia prima la traen de afuera de la provincia y por eso les llega con posterioridad a esa fecha. Pues bien, eso que dicen es falso, al 30 de abril, como dije recién, habían entrado 30 millones de kilos. Lo que presentaron para justificar el atraso fue sumar solamente un millón setecientos mil kilos. Además, presentaron en tiempo y forma 3 millones y medio de kilos, por lo que fue sancionada por 26 millones de kilos», aclaró el titular de Fiscalización y Control.
A su vez, habló sobre lo que algunos productores del sector frutícola plantean y es acerca de los plazos dentro de los cuales deben presentar los contratos. Según ellos, la normativa vigente obliga a presentar los contratos antes del 30 de abril, en circunstancias en las que las empresas del sector frutícola trabajan en mayo y junio. «Ese argumento es también totalmente falso, si una empresa ingresa materia prima fuera de ese periodo y se indica en la declaración jurada, no se considera. Se toma en cuenta para el próximo año. Toda la materia prima que se ingresa por fuera de la provincia se analiza con sus facturas correspondientes», aseguró.
Para finalizar, se expresó sobre los dichos de Germán Perón, titular dueño de la pulpera Fénix, quien estimó que las multas acumuladas deben superar los 500 millones de pesos. «Las sanciones no se hacen públicas por una cuestión de ética y no dañar las imágenes de las empresas, pero si mañana lo hiciera podrán observar que desde el 2019 hasta hoy las sumas de todas las multas labradas no llegan a 470 millones. En esta cifra incluyo a la uva, que ya tuvo cinco cosechas de análisis. No llegamos a aplicar multas por 500 millones ni siquiera durante los cinco años en toda la provincia Otra mentira u exageración por parte de esa empresa. Esto es así desde el 2018 y el 70 % pagó las multas. El 30 % de las sanciones que se aplicaron en San Rafael de la última cosecha son menores a 50 mil pesos. Que haya que dos o tres empresas que tengan un problema de mayores dimensiones no significa que todas sean igual. La mayoría tiene buen comportamiento», cerró Cortez.