A través de las reformas de la Constitución Nacional desde 1860 a la fecha los Estados Provinciales fueron cediendo protagonismo y cajas al poder unitario hasta llegar al presente donde la administración central tomó el tamaño de un gran monstruo devorador que en su ambición pone en jaque al débil federalismo actual. Un gobierno nacional rico por donde se lo mire y provincias que viven de las “sobras” o dádivas disfrazadas de “coparticipación” haciendo que muchos poderes provinciales sean meros administradores zonales de esa injusta convivencia.
Hoy nos encontramos con partidas presupuestarias en manos del gobierno nacional abusivas lo que se refleja en la calidad de vida que presentan los funcionarios involucrados, donde se ven gastos desmesurados y mucho derroche del dinero que aportan los contribuyentes sometidos a una presión tributaria asfixiante que los gobernantes de turno parecen incrementar.
A través del tiempo las provincias fueron cediendo tareas y “cajas” hasta llegar a nuestros días donde el poder central maneja el 47 % de los recursos totales y sólo queda un 53 % para las obligaciones que deben atender los 24 territorios autónomos, realmente un despropósito. Por eso vemos el despilfarro constante que realizan los gobernantes nacionales creando ministerios, secretarías, oficinas de vigilancia, contrataciones sin rendir cuentas como corresponde, con falta de competencias de precios y calidad y planes sociales desmesurados en comparación a los montos jubilatorios o salarios mínimos. Eso demuestra que es necesaria una nueva ley de coparticipación federal que procure llevar el porcentaje real que les corresponden a las provincias teniendo en cuenta la actividad económica y laboral proveniente de la actividad privada que cada jurisdicción logra, y dejar de lado de una vez por todas el clientelismo político que surge a partir de la “billetera nacional”.
En estos momentos estamos presenciando uno de los hechos federales más importantes desde hace mucho tiempo que es el dictamen de la Corte Suprema de Justicia respecto a la reafirmación de la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires. CABA junto a Mendoza y Santa Fé han mostrado estar a la altura de lo que es un estado federal, a veces Córdoba acompaña aunque con altibajos pero el resto de las autoridades provinciales, a mi entender, son meros administradores o feudos que desvirtúan el espíritu autónomo que se debe tener. Formosa, Chaco, Tucumán, Santiago del Estero y Santa Cruz son “ejemplos” de la sumisión ante el poder central y el resto espera la recepción de partidas antes que exigir lo que a cada provincia le corresponde por derecho.
Es necesario darle al dictamen de la Corte del día de la fecha el valor extraordinario que tiene y que los ciudadanos de las provincias relegadas exijan que sus gobernantes cumplan con la responsabilidad de defender su territorio y así lograr buen desarrollo cuidando los intereses propios y los de la Nación Argentina.
Es hora de comenzar a plantear la necesidad de nuevas reglas de juego y que los estados provinciales reclamen lo que por derecho le corresponde y ser éstos los que se hagan cargo de los ciudadanos de cada distrito, la actividad económica, la salud, la educación, las jubilaciones y pensiones, la pobreza, la desocupación y hasta la recaudación de impuestos deben ser resueltas por cada poder provincial y les corresponde a éstos el manejo de las “cajas” correspondientes. La Nación debería recibir las regalías necesarias para llevar a cabo la función que le corresponde, sin tanta intromisión en las tareas locales y en el futuro tener la estructura austera que necesita y así eliminar el despilfarro actual y estar mejor preparados para enfrentar eventos extraordinarios como los que vivimos.
por Enrique Mario Barrera
