Una de las mayores preocupaciones actuales –entre tantas- de los argentinos es la inseguridad ciudadana. El flagelo se extiende por todo el país y San Rafael no es ajeno; de hecho, se estima que es la materia que más le preocupa al Gobierno provincial puesto que, a diferencia de la economía, por caso, no puede deslindar responsabilidades en la política nacional.
Ante el acaecimiento de hechos graves y de otros que no por menores dejan de ser preocupantes (y que se repiten a diario), la ciudadanía reclama respuestas y soluciones. De hecho, y para no ir lejos, varios reclamos en este sentido se repiten desde hace un tiempo por parte de los vecinos sanrafaelinos.
Sabida es la ineficacia de las posiciones simplistas a la hora de intentar salir del “laberinto de la inseguridad”. En teoría, los legisladores deberían dictar leyes que prevengan y sancionen el delito al tiempo que faciliten la labor de los restantes poderes del Estado en su participación en el tema. El Ejecutivo debería ejercer su función de policía en el marco de esas normas, proveer seguridad allí donde haga falta, convirtiéndose en garante del derecho de las personas y ser eficaz en la persecución y aprehensión de quienes ataquen al cuerpo social con sus conductas. Por último, el Poder Judicial debería disponer las medidas procesales para examinar la conducta de quienes son acusados de cometer delitos y aplicar condenas en caso de corresponder.
Si todo funcionara de esa forma, otra sería la realidad, y los ciudadanos y nuestras familias podríamos gozar de las garantías que en ese sentido emanan de la Constitución y reglamentan las leyes.
Sin embargo, a nadie escapa que en la práctica el sistema no funciona tan eficientemente. Y cuando eso ocurre, no solamente están en falta quienes vulneran la ley sino también el Estado, con sus tres poderes involucrados.
El laberinto de la inseguridad depara demasiadas angustias. Los argentinos, los mendocinos y los sanrafaelinos seguimos, por ahora, buscando la salida.
