No es la primera vez que una decisión adoptada por el Ejecutivo nacional para desfinanciar a las universidades públicas moviliza a buena parte de la sociedad argentina. Una gran mayoría de argentinos sabe por experiencia que las casas de altos estudios son, tal vez, uno de los últimos lugares con capacidad para generar movilidad ascendente en una sociedad afectada por sucesivas crisis.
Tampoco es la primera vez que las medidas económicas de derecha buscan dejar sin derechos a las porciones medias y medias-bajas de la población.
Lo que es peor es que muy probablemente tampoco sean las últimas…
En 2018, en el marco de la Tercera Conferencia Regional de Educación Superior, que se llevó a cabo en la Universidad Nacional de Córdoba, se elaboró un documento en el que se recordó que la universidad pública es un bien público social, un derecho humano y universal, y un deber del Estado. En ese mismo texto se observó que estos principios «se fundamentan en la convicción profunda de que el acceso, el uso y la democratización del conocimiento es un bien social, colectivo y estratégico, esencial para poder garantizar los derechos humanos básicos e imprescindibles para el buen vivir de nuestros pueblos y la construcción de una ciudadanía plena».
Es un error entender como un gasto y no como una inversión lo que el Estado destina a educación, universidades y desarrollo científico y los países invierten dos o tres veces más que la Argentina en estas áreas porque saben que, en la sociedad del conocimiento, el diferencial para crecer depende de cuanto mejor se hagan allí. Es con más ciencia y educación superior pública de excelencia, no con menos.
Las universidades públicas, a través de la investigación y la innovación, han posicionado a nuestro país como líder en diversas materias. Pero, sobre todo, han posibilitado que una parte mayoritaria de la población piense. Y eso es lo que le preocupa y molesta a quienes quieren imponer sus ideas dirigenciales sin oposición, es decir de manera totalitaria.
