Este viernes finalizó la sexta jornada del juicio contra Walter Bento, el suspendido juez federal de Mendoza acusado de liderar una asociación ilícita que cobraba coimas a cambio del otorgamiento de beneficios judiciales. En la audiencia realizada en el edificio de los Tribunales federales finalmente concluyó la extensa lectura de los requerimientos de elevación a juicio, donde se revelaron algunos detalles sorprendentes.
Tal vez el que más llamó la atención fue uno de los argumentos de Nahuel y Luciano Bento, hijos del magistrado, para intentar explicar el explosivo crecimiento patrimonial de la familia. Hay que recordar que los jóvenes, como su madre Marta Boiza, también están sentados en el banquillo de los acusados de la megacausa que cuenta en total con 32 procesados.
De acuerdo con el requerimiento de elevación a juicio que se conoció este viernes en contra de Luciano, tanto él como su hermano Nahuel compararon la situación económica de su familia con la de dos de los principales grupos empresarios del país: Pérez Companc y Eurnekian.
“Al igual que su hermano Nahuel, Luciano Bento sostuvo que es una costumbre habitual que los padres registren a nombre de sus hijos parte de su patrimonio y compara la situación de su grupo familiar, funcionarios y empleados del Poder Judicial, con la situación de grandes empresarios nacionales como Pérez Companc y Eurnekian”, asegura la imputación.
El dato no pasó desapercibido por la fiscalía a cargo de Dante Vega. “Es importante analizar esta conducta. Lo que refleja que esta práctica no es la costumbre de las familias de adelantar bienes o patrimonio a favor de sus hijos en vida con la finalidad de hacerles más fácil y económico el trámite sucesorio, sino todo lo contrario. En virtud de que estas conductas, en ese contexto referido, demuestran una práctica habitual del blanqueo o lavado de dinero”, fue la respuesta.
De acuerdo con el ranking Forbes 2023, Gregorio Pérez Companc, propietario de la alimenticia Molinos de la Plata, es el segundo hombre más rico del país, con un patrimonio de 2.900 millones de dólares. En tanto, Eduardo Eurnekian, presidente de Corporación América, ocupa el cuarto lugar del listado, con un patrimonio de 1.900 millones de dólares.
Al referirse a la denuncia por crecimiento patrimonial injustificado de todo el grupo familiar Bento, el Ministerio Público acusó a Luciano de tomar parte “activamente del delito de lavado de activos al aceptar de sus progenitores una donación con derecho de usufructo a favor de estos de un departamento con cochera y baulera que produce renta. También toma parte activa en el delito al adquirir a su nombre cuatro automotores, tres de ellos de alta gama, y al concretar participaciones en dos fideicomisos inmobiliarios y en un fideicomiso comercial que producen renta, para lo cual recibe dinero de sus padres, adquiere los mismos por un precio inferior al del mercado con el fin de simular una capacidad económica acorde al valor de dichas operaciones e ingresa los fondos provenientes de esas operaciones al patrimonio, adquiriendo apariencia de licitud”.
Ese tramo fue el más jugoso de una audiencia que comenzó con el cierre de la lectura del requerimiento de elevación a juicio de la causa principal contra 28 acusados (además de la familia Bento hay abogados, policías y narcos) de cometer diferentes delitos: asociación ilícita, enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y cohecho, entre otros. La particularidad de la jornada fue que por primera vez desde el inicio del debate, algunos procesados siguieron el juicio de forma virtual desde el Complejo Federal VI, ya que decidieron no trasladarse hasta los Tribunales Federales.
Luego continuó con la lectura de la acusación contra Luciano Bento, y finalizó con el requerimiento de elevación a juicio contra otros tres procesados: Facundo Alsogaray, Octavio Villaverde y Francisco Castro. Al concluir esta etapa, la presidenta del Tribunal Oral Federal Nº2, la jueza puntana Gretel Diamante, ordenó un cuarto intermedio hasta el próximo miércoles 23 de agosto, cuando estarían en condiciones de comenzar las declaraciones de testigos e imputados, que podrán hacerlo en cualquier momento del debate oral.
Fuente: El Sol
