Un numeroso grupo de docentes mendocinos retirados entre enero de 2024 y mayo de 2026 viene llevando adelante un reclamo institucional ante la Dirección General de Escuelas (DGE) y el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación (SUTE) debido a un grave perjuicio económico en sus haberes previsionales. La problemática radica según los docentes retirados en el cobro de la «cláusula de garantía» y el «complemento de cláusula de garantía», ítem abonado sin aportes jubilatorios que terminó recortando dramáticamente el cálculo final que realiza la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). En diálogo con FM Vos (94.5), Alicia Britos, docente jubilada e integrante del colectivo de afectados, detalló la génesis del conflicto salarial, las gestiones infructuosas ante el gobierno provincial, la intervención de la Legislatura y la propuesta técnica que acercan al ministro de Educación, Cultura, Infancias y DGE, Tadeo García Salazar, para corregir el error sin necesidad de iniciar largos litigios judiciales.
La génesis del conflicto: ítems no remunerativos y paritarias escalonadas
El problema se originó a partir de 2024, cuando los acuerdos paritarios entre el gremio docente y el gobierno de Mendoza sostuvieron el piso salarial a través de asignaciones no remunerativas. Aunque en abril de ese año se acordó la blanqueización progresiva de dicho ítem según la antigüedad, la implementación escalonada dejó desamparados a quienes se jubilaron durante el proceso de transición. «Nos jubilamos entre 2024 y mediados de 2026 cobrando una cláusula de garantía no remunerativa, ‘en negro’, modalidad que comenzó a aplicarse en 2024. El problema surge porque, en la paritaria del 19 de abril de ese mismo año, el SUTE y la DGE se comprometieron a resolver la situación rápidamente, ya que había docentes en pleno proceso de jubilación o próximos a retirarse», explicó brevemente Alicia Britos al inicio de la comunicación.
«La regularización se hizo de forma escalonada: primero se contempló a quienes tenían 25 y 24 años de antigüedad, luego 20, y recién con la Resolución 1661 de mayo de 2026 se alcanzó a los de menos de 20 años de servicio. La ley permite jubilarse como docente con 10 años frente a alumnos —completando los 30 años de aportes desde otros sectores—, pero en el camino quedamos afuera quienes nos retiramos durante ese proceso de transición», indicó.
«Habiendo cumplido con todo lo que exige la ley, esperamos con paciencia el proceso entre el SUTE y el gobierno. Sin embargo, la respuesta que recibimos de 2024 a mayo de 2026 fue que, al habernos jubilado en ese lapso, quedamos afuera y sin solución. Fuimos a Casa de Gobierno, presentamos notas, hicimos reclamos administrativos y solicitamos audiencia con el ministro Tadeo García Salazar, pero todo fue rechazado bajo el argumento de que el reclamo no es viable por nuestra condición de jubilados», enfatizó.
Impacto en los haberes, recortes del 45% y la vía legislativa
La falta de aportes sobre la cláusula de garantía provocó que la ANSES no reconociera esos montos al momento de liquidar la jubilación, generando mermas salariales drásticas de hasta un 45% entre docentes con idéntica trayectoria laboral. «Comenzamos siendo apenas ocho docentes con este reclamo. Al ponernos a investigar e ir al SUTE a organizarnos, armamos un grupo que hoy supera los ochenta afectados, aunque estamos seguros de que hay más. Frente a las reiteradas respuestas de que la solución no era viable ni factible, insistimos y decidimos recurrir a la Legislatura», comentó Britos.
«Hicimos un sondeo y el impacto es de entre un 45% y un 20%, porque los docentes cobramos diferente dependiendo de las horas cátedra, la zona o si es escuela albergue. Tomamos tres casos: una docente con 38 años de antigüedad en la docencia sufrió una pérdida de más del 22%; hay otros con el 42% y con el 18%. En promedio va entre un 20 y un 45%, lo cual es un montón cuando de un mes al otro se cae el haber», remarcó.
En busca de una solución administrativa: el llamado al ministro Tadeo García Salazar
A pesar de que el marco legal habilita la vía judicial, los docentes jubilados rechazan encarar un litigio de larga duración debido a la edad avanzada y a delicados cuadros de salud dentro del colectivo, apelando en su lugar a una rectificación formal de planillas por parte de la DGE. «Lo primero que buscamos fue canalizar la solución a través de la Dirección General de Escuelas y el SUTE en el ámbito paritario. Esperamos todo este tiempo porque entendemos que hay vías para resolverlo sin acudir a la justicia. Somos jubilados, hay colegas de hasta 67 años y un proceso judicial demanda un tiempo que no tenemos, a lo que se suman graves problemas de salud en compañeros cuyo haber cayó a la mitad de un mes para el otro», expuso claramente la docente jubilada mendocina.
«Si la DGE y el SUTE avanzan en la resolución, acompañados por una Legislatura dispuesta a agilizar la gestión sin banderías políticas, tendríamos la vía más rápida, efectiva y correcta. Se trató de una cláusula no remunerativa que debe corregirse; no buscamos culpables, sino la rectificación del error para presentarla ante la ANSES, lograr la recalificación del haber y cobrar lo que legítimamente nos ganamos con nuestro trabajo», destacó.
«Aguardamos a que el ministro Tadeo García Salazar nos reciba, nos escuche y vea que traemos una propuesta concreta. Solicitamos audiencia, pero aún no logramos reunirnos; es simplemente una cuestión de voluntad política. Confiamos en que escuche nuestro reclamo o bien se habilite la mesa técnica solicitada por el SUTE para emitir la resolución rectificatoria que permita reparar esta situación», completó.
