Los vecinos de San Rafael tendrán la posibilidad de regularizar construcciones, ampliaciones y modificaciones edilicias que no fueron declaradas ante la Municipalidad, a través de un régimen especial aprobado por unanimidad en el Concejo Deliberante. La medida contempla beneficios económicos según la superficie construida, la modalidad de pago y el momento en que se inicie el trámite.
El concejal Néstor Ojeda (PJ) explicó que la ordenanza fue elaborada durante casi ocho meses de trabajo junto con distintas áreas municipales y colegios profesionales vinculados con la construcción, entre ellos los de ingenieros, arquitectos y maestros mayores de obra.
Al referirse a la iniciativa, el edil aclaró que prefiere hablar de construcciones no declaradas antes que de obras clandestinas, ya que el objetivo principal es ofrecer una alternativa para que los vecinos puedan poner en regla su situación.
“Hay una realidad edilicia territorial que existe en el departamento de San Rafael, donde hay un número importante de vivienda, de comercio, industria, han realizado construcciones, ampliaciones, modificaciones y no han sido declaradas formalmente”, señaló a Diario San Rafael y FM Vos 94.5.
Ojeda explicó que uno de los motivos que impulsaron el proyecto fue la situación de personas que necesitan regularizar sus viviendas para avanzar con determinados trámites. Como ejemplo, mencionó los casos de vecinos que buscan pasar de una conexión eléctrica precaria a una definitiva, pero encuentran dificultades porque no cuentan con el final de obra correspondiente.
También hizo referencia a las familias que, después de recibir una vivienda, realizaron una habitación adicional para resolver problemas de hacinamiento y nunca declararon esa ampliación.
En ese sentido, sostuvo que la intención no es aplicar una política exclusivamente sancionatoria, sino generar condiciones que permitan corregir esas situaciones.
“Y no es ese el espíritu, sino el poder brindar la oportunidad que podamos para que los vecinos puedan regularizar la situación”, afirmó.
El régimen establece dos tramos temporales, con incentivos decrecientes para promover que las construcciones se regularicen lo antes posible.
El primero comprende los 30 días corridos iniciales desde la puesta en marcha oficial. Durante ese período se contemplan reducciones en las multas y bonificaciones de hasta el 100% en derechos de construcción y aforo para quienes realicen el pago al contado. También se prevén planes de financiación de 6 o 12 cuotas sin intereses.
Los beneficios varían según la superficie que se declare y las condiciones previstas por la ordenanza. En particular, las construcciones de hasta 20 metros cuadrados estarán exentas del 100% de la multa y no requerirán documentación técnica compleja, según explicó el concejal.
La medida apunta especialmente a facilitar la regularización de ampliaciones pequeñas, como una habitación agregada a una vivienda. Sin embargo, la exención de la multa no implica necesariamente que desaparezcan los demás conceptos que correspondan al trámite.
El segundo período se extenderá desde los 31 hasta los 90 días corridos. En esa etapa se mantendrán reducciones, aunque serán menores y dependerán de la superficie declarada y de la modalidad de pago elegida.
Ojeda destacó que el esquema busca incentivar a los propietarios a iniciar las gestiones durante el primer período, cuando estarán disponibles los mayores beneficios.
La ordenanza abarca tanto viviendas particulares como construcciones vinculadas con comercios e industrias, por lo que no estará limitada a las ampliaciones realizadas en domicilios familiares.
La aplicación dependerá de la reglamentación
Aunque la ordenanza ya fue aprobada por unanimidad, durante la entrevista Ojeda aclaró que todavía era necesario completar los pasos administrativos para que comenzara a aplicarse.
Según detalló, debía finalizarse la documentación legal para su comunicación al Departamento Ejecutivo y su incorporación al Digesto Municipal. Posteriormente, el área de Ordenamiento Territorial debía elaborar la resolución correspondiente.
En ese momento, el concejal estimó que la reglamentación podría estar lista la semana siguiente o, a más tardar, durante la posterior. No obstante, remarcó que el inicio efectivo del régimen y el cómputo de los plazos debían comunicarse oficialmente.
Por eso, la fecha de aprobación de la ordenanza no debe confundirse con el comienzo de los períodos de beneficios: los plazos comenzarán a correr cuando se informe formalmente su puesta en funcionamiento.
Otra característica del nuevo régimen es que la documentación deberá contar con el acompañamiento de un profesional habilitado, según corresponda a cada construcción. Entre los especialistas mencionados se encuentran arquitectos, ingenieros y maestros mayores de obra.
Ojeda explicó que esta condición busca evitar que los vecinos inicien trámites de manera individual y luego los abandonen, como, según indicó, ocurrió con el régimen anterior.
“Entonces la idea de acompañarlo con el profesional es para que pueda seguir con el trámite y evidentemente la ordenanza tenga el efecto que se busca tener, que es la regularización”, sostuvo.
El edil también señaló que la iniciativa permitirá mejorar el conocimiento municipal sobre las construcciones existentes en el departamento. Para ilustrarlo, mencionó que hay edificaciones que aparecen registradas por la Administración Tributaria Mendoza (ATM), pero que no figuran en los registros de la Municipalidad.
De esa manera, la regularización no solo busca ofrecer una salida administrativa a los propietarios, sino también contribuir a que el municipio disponga de información más completa sobre la realidad edilicia local.
Finalmente, Ojeda destacó que hacía más de 10 años que no se trabajaba en una ordenanza de estas características y valoró el respaldo de todos los bloques del Concejo Deliberante. La expectativa es que el régimen permita a quienes tienen construcciones sin declarar ponerse al día mediante un procedimiento que contemple beneficios económicos y acompañamiento técnico.
