Según la UCA la pobreza trepó al 43,1% este año y alcanza a más de 17 millones de personas

La pobreza alcanzó al 43,1% de la población, a más de 17 millones de personas, mientras que la indigencia se ubicó en el 8,1%, de modo que afecta a 8,5 millones de argentinos, de acuerdo al último informe del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA).
Según los datos del tercer trimestre de 2022, la indigencia se redujo en un poco menos de un punto porcentual con respecto al año pasado, mientras que la pobreza aumentó casi un punto porcentual con respecto al 2021.
En este sentido, hay que aclarar que sin los programas de ayuda social del Estado, la indigencia hubiera alcanzado al 20% y la pobreza al 50%.
Los datos, aclararon los investigadores de la UCA, resultan volátiles en el marco de una inflación que crece al 7% mensual y una canasta básica que aumentó más que los precios en el último año.
«Estamos ante un hecho que es estructural en Argentina, por eso es que la pobreza aumentó un poquito, pero casi no hubo variación con respecto al año pasado. Es un problema que venimos arrastrando desde hace 20 años. En la etapa posterior a las restricciones por la cuarentena, se generó más trabajo si uno compara el 2021 con el 2022. No obstante, esos mayores ingresos que pudieron tener las familias provienen mayoritariamente de un empleo de baja calidad. Muchas son ‘changas’ o programas de trabajo con contraprestación, como es el caso del Potenciar Trabajo a nivel nacional y otros provinciales y municipales. También hubo más programas sociales, y si bien repercutieron positivamente porque hubo más ingresos, estos fueron carcomidos por la inflación. Hubo meses en los cuales hubo entre un 5 % y hasta un 7 % de aumento de la canasta básica total. La inflación es un flagelo muy importante que se debe resolver», advirtió en FM Vos 94.5, Eduardo Donza, investigador del Observatorio de la Deuda Social de la UCA.
«Los programas sociales siguen siendo como una especie de amortiguador, sobre todo en los niveles de la indigencia, pero no son una solución. En este último informe, la indigencia se ubicó en el 8,1%, de modo que afecta a 8,5 millones de argentinos. A esas familias los ingresos no les alcanza ni para cubrir los gastos de alimentación. Sin los programas de ayuda social del Estado, la indigencia hubiera alcanzado al 20%, más del doble. La conclusión es que estos programas son necesarios y deben continuar, pero debidamente controlados. De todas formas, no son la solución, sino que son un parche. Los planes sociales crecieron y se expandieron ante el aumento de las necesidades», señaló.
«Hay que ser conscientes de que somos un país que tiene serios problemas. Entre ellos se destacan las dificultades para pagar las deudas que tenemos con el exterior, el desarrollo y la producción, además de la inflación. Tiene que mejorar, sin dudas, la oferta del trabajo. Además hay que remarcar que hay un sector sustancial de la población que aún si se generaran puestos de empleos, no podrá insertarse al mercado laboral, porque no tienen las capacidades para lograr hacerlo. Todo esto es una consecuencia propia de la pobreza, ya estamos en una tercera generación que vive en esas condiciones. Un 22 % de la población se encuentra anclada dentro del núcleo duro de una pobreza estructural. Este grupo tiene privaciones y niveles bajos de instrucción, al punto de que no pueden sostener un trabajo, aunque esté bien pago. El 14 % de los menores de 24 años no terminó el secundario, ni estudia ni trabaja. Hay una falta de costumbre para poder desarrollar el esfuerzo de la cultura del trabajo, no es porque no quieran, sino que quizás no tuvieron acceso a la educación formal. Hay otra cuestión que no es para nada menor y tiene que ver con las economías regionales. Para esto se deben diseñar políticas de estado», analizó Donza.
Luego, opinó sobre la irregularidad en el otorgamiento de ciertos planes sociales, como el Potenciar Trabajo. «Hay que otorgarlos solamente a aquellos que cumplan con todos los requisitos. Es posible, según el informe de AFIP, que haya personas que lo estén cobrando cuando no lo deberían hacer. La línea es muy delgada, puesto que estamos hablando de que, con alguna actividad mediante una cooperativa, los beneficiarios pueden estar completando dos salarios mínimos vitales y móviles, que es el indicador para cobrarlo o no. Sobre el tema de la compra de dólares por parte de los beneficiarios de algún plan, puedo decir que es muy fácil de controlar. Muchas veces compran dichos dólares para venderlos más caros, en una actividad un poco especulativa. Evidentemente son casos que hay que corregirlos, pero no me parece que esa sea la solución», reflexionó al cierre el investigador del Observatorio de la Deuda Social de la UCA.