El joven sanrafaelino Lucas Vavalá presentó un proyecto para solicitar la apertura de una sede al Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) –organismo perteneciente al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación– a fin de que atienda en la región Sur de Mendoza, tanto para realizar denuncias como brindar capacitaciones.
El proyecto presentado por Vavalá se fundamenta en la falta de capacitaciones a empresas, instituciones y otras entidades, respecto a la discriminación que puede darse en todo su espectro, como así también en varios precedentes judiciales, leyes nacionales, convenciones internacionales sobre Derechos Humanos y en la Constitución Nacional.
En diálogo con FM Vos (94.5) y Diario San Rafael, Lucas dijo que el proyecto es muy prematuro ya que fue presentado formalmente recién el lunes. “Surge por experiencias personales y también por ver en el diario situaciones que pertenecen al Inadi”, señaló, y advirtió que en la actualidad, el organismo posee una sola sede en la ciudad Capital que centraliza todos los reclamos y capacitaciones, quedando una gran parte de la provincia fuera de esos beneficios. “Muchas veces pasa que falta información de las herramientas que existen cuando se vive una situación discriminatoria; es un deber social que debería extenderse a todos y no tendría que existir la discriminación, pero en cuanto existe, el principal responsable es el Estado. El organismo nacional tiene más de 20 años desde su creación entonces el Estado ha actuado de manera bastante rápida y avanzada, pero falta extender el acceso de los ciudadanos a esas herramientas gratuitas que ya existen”, explicó.
Ante hechos discriminatorios, faltas de respeto o situaciones lamentables, muchas personas prefieren ahorrar dinero y tiempo no viajando finalmente a concretar lo que es un derecho. Una sede en el Sur del Inadi, evitaría que eso pasara.
Cabe decir que no se trata de un organismo que vaya a encarcelar a una persona, sino que entre otras cuestiones, da capacitaciones a fin de que los agresores cambien su conducta. Además, puede aplicar multas o dar intervención a la Justicia Penal en caso de que el hecho que generó el conflicto lo amerite.
