Una de las discusiones más sensibles que tiene San Rafael respecto al cuidado ambiental está relacionada con el funcionamiento de la mina de Uranio que se encuentra en la zona de Sierra Pintada.
El tema siempre supone posiciones encontradas entre quienes ven en ese emprendimiento una posibilidad de generación de recursos económicos y aquellos que estiman que los riesgos ecológicos que la actividad supone son demasiados y, por tanto, inaceptables.
En el medio de esta controversia, los desmanejos que se produjeron años atrás por parte de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), fundamentalmente con los pasivos que la mina generó durante su funcionamiento, le impusieron para siempre un signo negativo ante la comunidad sanrafaelina.
Semanas atrás, el presidente Milei -junto a “entendidos” en materia de energía- dio a conocer el Plan Nuclear Argentino con el objetivo de construir cuatro centrales alimentadas con uranio. Del análisis que han realizado, la mina de Sierra Pintada es vista con posibilidades de volver a producir.
La polémica se reaviva cada vez que algún indicio demuestra la posibilidad de reactivación de la planta, que por estos días se encuentra paralizada por una decisión judicial de 1995 que obliga a que antes de pensar en la posibilidad de volver a producir en el lugar se deben remediar los pasivos que aún -en gran número- existen en la zona. Esto, según los especialistas, llevaría “muchísimo tiempo”. Los mismos estudiosos del tema ven, además, en esta posibilidad de reactivación de la mina la presencia de intereses extranjeros y el riesgo de perder la soberanía minera.
No obstante, por la forma de manejarse que ha demostrado en estos y otros temas la administración mileísta, parece estar claro que la ley y las decisiones del Poder Judicial no son obstáculo para avanzar con sus pretensiones, y que las opiniones que pudiera tener la sociedad civil en temas que la afectan no son tomadas en cuenta. El tiempo demostrará si en este caso la lógica es la misma.
